La decisión de la Mesa del Parlament de mantener el escaño del diputado de la CUP por la circunscripción de Lleida Pau Juvillà no atendiendo la instrucción dada por la Junta Electoral Central y elevando el caso al Tribunal Supremo es una decisión acertada. Que se ajusta a derecho y que corrige, en la medida de lo posible, el error de bulto que cometió la anterior Mesa de la cámara al precipitar sin opción ninguna la pérdida del escaño del entonces president de la Generalitat, Quim Torra. La determinación de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha contado en esta ocasión con el apoyo de Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP y los comunes e incluso el PSC se ha abstenido, dejando solo en el no a las tres derechas de siempre: Vox, Ciudadanos y PP.

Aunque no hay duda de que el Tribunal Supremo acabará validando la decisión primero del TSJC y más tarde de la JEC y Juvillà se verá abocado a quedarse sin escaño a menos de que la Mesa del Parlament no realice un ejercicio de desacato, algo que se antoja difícil pero habrá que esperar al momento que suceda para conocer si es así o no, lo que es imprudente y políticamente nefasto es renunciar a emprender cualquier procedimiento judicial. La arbitrariedad del TSJC condenando al diputado Juvillà por tener unos lazos amarillos colgados en su ventana del ayuntamiento de Lleida solo es entendible en el marco de la represión al independentismo catalán. No hay otra explicación plausible y tiene todo el sentido del mundo no ponérselo fácil a la justicia y mirar de completar un nuevo dossier que, en el futuro, pueda ser sustanciado por la justicia europea.

Viendo lo que la Mesa del Parlament ha hecho por preservar el escaño de Juvillà parece casi inexplicable lo que aconteció con Quim Torra y cómo se entregó en bandeja desde la segunda institución de Catalunya el acta de diputado del president de la Generalitat hace ahora casualmente dos años. Como también cuesta de entender que Junts per Catalunya se quedara solo defendiendo el mantenimiento de los derechos parlamentarios del president Torra y que fuera el secretario general del Parlament, Xavier Muro, el que diera instrucciones a los servicios de la Cámara para que le retiraran con carácter inmediato el acta de diputado. Valdría la pena saber por qué en la anterior Mesa, ERC y el PSC -que con Junts y Ciudadanos eran los únicos partidos con representación en el órgano de gobierno de la Cámara- no mantuvieron una posición idéntica a la que ahora han tenido en el caso de Juvillà; o por qué los comunes y la CUP, que no estaban en la Mesa pero sí tenían representación parlamentaria, no hicieron lo propio.

La política tiene, y no es el primer caso, caminos de ida y vuelta. Se está viendo en el escabroso tema de las licencias por edad en el Parlament que ha acabado siendo una vía para que los funcionarios se pudieran jubilar a los 60 años, conservaran íntegro su sueldo, no tuvieran que volver a trabajar y mantuvieran su plaza. Todo ello con un coste anual de 1,7 millones de euros y que nadie ha sido capaz de explicar sin ponerse rojo y pidiendo disculpas. Trece años ha estado vigente esta martingala, cuatro presidentes del Parlament por en medio, hasta que ahora se le ha puesto punto y final. ¿Por qué ha pasado? ¿Como es que no se había socializado la información? ¿Por qué tanta opacidad? Es eso lo que crea desafección y bienvenidas sean las correcciones aunque sea demasiado tarde.