La Cambra de Comerç de Barcelona acaba de hacer públicos los datos de previsiones de crecimiento económico para el 2017 y para el 2018 que suponen un espaldarazo a la recuperación y una señal de tranquilidad a algo más de dos meses del referéndum de independencia, que ha anunciado el Govern para el próximo 1 de octubre. Si en el anterior análisis de previsiones llevado a cabo por el Ejecutivo de Carles Puigdemont se hablaba de un crecimiento para este año del 2,9%, la Cambra eleva hasta el 3,1% las expectativas de cierre del actual ejercicio y deja para 2018 un incremento del PIB de 2,7%. Los datos son ciertamente optimistas y mantienen la buena velocidad de crucero de los últimos años: un crecimiento de 3,5% en 2016 (cuando en España fue de un 3,2%), un 3,3% en 2015 (3,22% en España) y un 1,6% en 2014, el mismo que tuvo España.

Aunque los datos económicos siempre se han de mirar con una cierta frialdad y en los últimos tiempos se han visto todo tipo de discursos apocalípticos desde Madrid sobre el futuro de la economía catalana, lo cierto es que su empuje es importante, su velocidad de crucero alta y no padece mal de altura por los retos que tiene por delante, el más importante políticamente hablando el referéndum del 1-O. Una cita con las urnas que cada vez parece más plausible y que ocupa portadas de la prensa internacional, el último caso ha sido el caso el del influyente diario francés de Le Figaro que abría su portada con una entrevista con el president asegurando que no aceptaría una hipotética inhabilitación por parte del Tribunal Constitucional. El ruido doméstico, al que tanto nos tiene acostumbrado la prensa de Madrid y que a veces se hace ciertamente ensordecedor, obedece sobre todo al deseo de imponer a toda costa un relato que los medios internacionales, más acostumbrados a este tipo de debates políticos, no les afecta tanto y se sorprenden por las amenazas que reciben los miembros del Govern o por los continuos requerimientos judiciales que van desde el ejecutivo al legislativo.

Es evidente que llegar a 67 días del referéndum con estas previsiones económicas refuerza el discurso de los partidarios del referéndum y deberían ser un acicate a hacer bien las cosas en las semanas que faltan. Es importante que el Govern sea capaz de repetir a costa de hacerse pesado que su voluntad es primero poner las urnas el 1-O y después dialogar con el gobierno español y con las autoridades europeas una vez se conozcan los resultados. De alguna manera, cuando portavoces del gobierno español resaltan que ya están pensando en el 2 de octubre no hacen sino reconocer que el coste de impedir la instalación de las urnas puede llegar a ser tan alto que no existe una alternativa razonable.

Un último dato: primero fue que la salida de la crisis acabaría con el soufflé independentista y se ha demostrado, con el tiempo, que era una gran falacia; después, este argumento ha mutado a que el buen ritmo de la economía catalana obedece a que existe la convicción entre el mundo de las finanzas que el referéndum del 1-O no se acabará haciendo. Lo primero ya se ha visto que era mentira y respecto a lo segundo el ritmo de las empresas extranjeras que eligen Barcelona como nuevo destino no parece ser el síntoma de quien teme que la economía catalana se despeñe en los próximos tiempos.