Más de 46 años han pasado desde las primeras elecciones democráticas en España, el 15 de junio de 1977, y desde que el democristiano Fernando Álvarez de Miranda fuera escogido, un mes más tarde, presidente del Congreso de los Diputados. Desde aquella fecha, otras 12 personas han ocupado la presidencia del Congreso, dos de ellas catalanas —Landelino Lavilla (1979-1982) y Meritxell Batet (2019-2023)— y otras dos —Félix Pons (1989-1996) y Francina Armengol, que acaba de empezar su mandato— de las Illes Balears, y en todas las ocasiones, invariablemente, a los diputados que querían hablar en catalán desde la tribuna de oradores se les ha impedido. A veces, incluso, de manera contundente y desagradable. ¡Cómo se iba a hacer traducción simultánea si el castellano era el idioma común!, se resaltaba desde el sillón presidencial. O bien aquello de "el Congreso no puede ser una Torre de Babel". Los más apasionados se ponían en modo estupendo, aseguraban que era ilegal, que el reglamento no lo permitía y que no iban a ir los diputados con pinganillo a las sesiones de la Cámara Baja. Vamos, que era imposible y que nunca sucedería.
Pues bien, todo este discurso se ha desmoronado como un castillo de naipes, como si la hemeroteca no existiera, incluso con un punto de desvergüenza y de desmemoria, y con el PSOE y Sumar a la cabeza, se ha registrado en la Mesa del Congreso una proposición de reforma del Reglamento de la Cámara por la que se solicita por el procedimiento de urgencia y en lectura única la modificación de algunos artículos para que se pueda hablar y usar el catalán —también el vasco y el gallego— en todos los ámbitos de la actividad parlamentaria, incluidas las intervenciones orales y la presentación de escritos. Todo ello tiene que quedar aprobado antes del 19 de septiembre, día en que se ha de ver en el Consejo de la Unión Europea la oficialidad del catalán en las instituciones europeas. No deja de ser curioso, por no utilizar otro calificativo, que una resistencia de más de 46 años se tenga que ver y vencer en un trámite parlamentario de urgencia y de lectura única por parte de los señores y señoras diputados y diputadas.
Pero todo ello, no está de más recordarlo, no es fruto del azar, ni de la casualidad, sino de la aritmética parlamentaria y de poner la cuestión encima de la mesa cuando se han tenido que constituir los órganos de dirección del Congreso y los votos condicionaban mayorías hacia el PP o hacia el PSOE. Los socialistas han pagado un peaje, han tenido que recibir al incómodo cobrador del frac, y para unos será poco y para otros mucho, pero, casi medio siglo después, los diputados catalanes se podrán expresar en su lengua propia si así lo desean. Cosa que esperamos que sea así, al menos entre los parlamentarios de los partidos independentistas, y ojalá también entre los que se consideran catalanistas. Ya sé que las dificultades del catalán no se solucionarán con este acto, sería demasiado fácil, y que lo importante es que recupere todo lo que ha perdido como lengua social, pero la iniciativa del Congreso no solo no estorba, sino que ayuda a ello.
Casualmente, o al menos eso cabe pensar, la presentación de la modificación del Reglamento se ha producido unas pocas horas antes de que la presidenta del Congreso en la anterior legislatura, la diputada del PSC Meritxell Batet, anunciara de manera sorpresiva su abandono de la primera línea de la actividad política y su renuncia al acta de diputada tras 19 años como parlamentaria. Batet fue la cabeza de lista de los socialistas catalanes en las recientes elecciones españolas del 23 de julio, que volvieron a situar al PSC como primer partido en Catalunya con más de un millón de votos y 19 escaños. En la legislatura pasada, la ya exdiputada tuvo varios encontronazos con diputados por el uso del catalán y una actitud muy inflexible. En su debe está también la precipitación con que retiró el acta de los diputados Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, que entonces estaban en la prisión, pidiendo la opinión al Tribunal Supremo y a los letrados del Congreso y sin esperar un pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Ahora, verá desde su casa en Madrid, donde reside, como se habla catalán en el Congreso y comprobará que no sucede nada y el mundo sigue adelante. Y que la política sí puede cambiar cosas cronificadas y que parecen inamovibles.