A la misma hora que Amnistía Internacional exigía la libertad inmediata de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, condenados cada uno de ellos por sedición a nueve años de prisión por la criminalización de unos actos de protesta que la organización en defensa de los derechos humanos considera legítimos, la cúpula de la Junta de Andalucía, en manos del PSOE durante varias décadas en régimen de monopolio, era condenada a 72 años de prisión en el mayor escándalo de corrupción de la historia de España y en el que se han defraudado hasta 855 millones de euros. Hace daño a la vista y es enormemente injusta y cruel la comparación entre las penas de unos y de otros, pero seguramente no hay mejor manera de explicar lo que son los presos políticos y los políticos presos: a los primeros les cae una sentencia desproporcionada, fruto de la persecución al independentismo catalán, que será corregida un día en Europa, mientras los segundos, después de una década de instrucción, no encontrarán defensa posible para el vaciado de las arcas públicas. Los primeros llevaron a cabo un referéndum y los segundos utilizaron directamente un cargo público para robar.

Después de los pronunciamientos del Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de Naciones Unidas del pasado mes de mayo y, ahora, de Amnistía Internacional, el gobierno español debería sonrojarse y la justicia sentirse avergonzada ya que en los países de nuestro entorno eso no acostumbra a suceder. Doy por supuestas las presiones que habrá llevado a cabo el ejecutivo socialista para evitar un pronunciamiento sobre los Jordis tan contundente. Con el tiempo, también lo sabremos, ya que el ministro Borrell suele dejar huellas suficientes cada vez que se mueve por el mundo tratando de evitar un posicionamiento público que pueda ser interpretado como mínimamente favorable a los postulados independentistas. No habrá acto de enmienda por parte del Supremo, ni imprimirá el gobierno español una iniciativa para corregir la desmesura de la sala que ha juzgado a los líderes independentistas catalanes. Estamos muy lejos de todo ello, que se podría hacer por la vía de una amnistia. Al contrario, el escarmiento consiste justamente en la situación actual que soportan los presos políticos de Lledoners, Mas d'Enric y Puig de les Basses.

El escaso eco, lógicamente intencionado, en los medios de comunicación incómodos con el auge del independentismo catalán ya se ha ocupado de rebajar el posicionamiento de AI y, este miércoles lo comprobaremos una vez más, en los diarios de papel. Las bofetadas al deep state si pueden ser pequeñas, mucho mejor. La sentencia de los ERE será el combate de judo entre la derecha y la izquierda de los próximos días en plena investidura. A Pedro Sánchez le persiguen sus pronunciamientos cuando presentó la moción de censura al PP y a Mariano Rajoy por el caso Gürtel. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el hombre del PSOE para todos los incendios, ya ha mirado de abrir un camino de salida señalando que el caso afecta a la Junta de Andalucía, no al Partido Socialista. Es una triquiñuela que no cuela, ya que si algo se ha identificado como el poder del PSOE en España ha sido la Junta de Andalucía.

Dos de los condenados, José Antonio Griñán —seis años de prisión— y Manuel Chaves —nueve años de inhabilitación— además de presidentes de la Junta entre 1990 y 2013, lo fueron también del PSOE entre los años 2000 y 2014. Y con ellos numerosos consejeros andaluces y altos cargos condenados este martes. Otros, con mejor suerte, se sientan en el Consejo de Ministros de Sánchez, aunque también estuvieron en los gabinetes de Chaves, como es el caso de la actual vicepresidenta Carmen Calvo —consejera de Cultura entre 1996 y 2004— y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado —consejera de Hacienda y Administraciones Públicas entre 2013 y 2018—. Y, todo ello, con la investidura por delante y tratando al independentismo como a un apestado al que se necesita pero del que no se quiere saber nada.