Que nadie se engañe ni nos haga comulgar a los catalanes con ruedas de molino: la huelga de los trabajadores de seguridad del aeropuerto de El Prat, que hasta ahora ha sido intermitente y que a partir de este lunes será indefinida, y que ha zanjado el Gobierno español movilizando agentes de la Guardia Civil para suplir a los trabajadores de Eulen es, por encima de cualquier otra cosa, un gran fracaso del Ministerio de Fomento, de la empresa semipública Aena, del centralista sistema aeroportuario español y una enmienda total al sistema de concesiones de amiguismo, de gestores ineficaces pero con buenos contactos en los ministerios y de muchos años del desprecio más absoluto al aeropuerto de El Prat.

Primero fue Iberia y después Aena. O primero fue Aena y después Iberia. Qué más da. Porque lo único cierto es que primero, lo que se dice primero, siempre fue Barajas. Y la actitud tanto de Aena como de Iberia no es que haya sido indiferente a los temas del aeropuerto de Barcelona: es que ha sido manifiestamente hostil e injusta. Solo el mercado ha ayudado al aeropuerto de El Prat. Lo único que desde el Ministerio de Fomento y Aena no se podía controlar (totalmente). Aena obtenía beneficios récords y el 50% de ellos provenían de Barcelona; Eulen, la empresa de seguridad, también quería aumentar sus beneficios de un contrato casi sin márgenes.

Pero lo más grave es que Aena lo consentía. Sabía que tenía un polvorín en Barcelona por el incremento del tráfico aéreo y miraba hacia otro lado. Al frente de la compañía, José Manuel Vargas, un gestor al que no se le ha visto el pelo, pese a ser el causante del desaguisado. ¿Qué hace que el marrón de una empresa se lo coma un ministro con solo medio año en el cargo? Sin duda, los contactos del presidente de Aena, muchos de ellos labrados en su etapa de consejero delegado del grupo Vocento de comunicación, y también su astucia para desaparecer de en medio. Ni una rueda de prensa e impasible ante una situación que en un país normal hubiera requerido su inmediata dimisión o su cese por parte del Gobierno.

La Guardia Civil estará a partir de este lunes en El Prat prestando un servicio que no le toca y que se apoya en un decreto preconstitucional. Los sindicatos, por su parte, reprochan al Gobierno que atente contra el derecho de huelga, y los pasajeros, mientras tanto, pagarán la ineficacia de un Estado y la incapacidad de sus gestores públicos.