Que Catalunya es el país de las polémicas está fuera de toda discusión. Y eso es sano y propio de una sociedad madura a la que gusta adoptar sus propias decisiones: desde las políticas a las económicas, pasando por las infraestructuras y el modelo de país. La última de todas tiene que ver con la ampliación del aeropuerto del Prat, que el Govern y el Ayuntamiento de Barcelona ven con enorme escepticismo por su impacto ecológico mientras que todo el tejido empresarial, escuelas de negocios y entidades diversas se han mostrado claramente a favor.

El presidente de AENA, Maurici Lucena, ha puesto la guinda en el pastel este lunes con unas declaraciones que son provocadoras. "En Madrid no hay una sola traba para ampliar Barajas, después no nos quejemos". En la actualidad, el de Barcelona es el quinto aeropuerto europeo por detrás de los de Heathrow (Reino Unido), Frankfurt  (Alemania), el parisino Charles de Gaulle y el de Madrid, una posición que no debería perder e incluso, si fuera posible, mejorar. Y ello se puede hacer mejorando también los aeropuertos de Girona, Reus y Lleida, dentro del modelo territorializado de país existente.

La polémica, por tanto, está servida y, por en medio, la necesidad de preservar el equilibrio ecológico y el ecosistema ambiental del Delta del Llobregat. Es obvio que las cosas no se pueden hacer como antes y que la preservación ambiental es hoy más importante que nunca. Pero es obligación del gobernante llegar a acuerdos si lo que hay en juego es importante para el futuro económico del país. Esa, la ambiental, es una oposición legítima y otra muy diferente es estar en contra para propiciar un modelo aeroportuario diferente. Según la Cambra, cuya dirección está actualmente en manos independentistas, el aeropuerto es un motor económico que podría aportar hasta el 9% del PIB si se ampliara.

Catalunya ha reclamado reiteradamente la titularidad y la gestión del aeropuerto al gobierno español, siempre sin resultado positivo alguno. Y lo ha aceptado con desagrado pero no lo ha cuestionado frontalmente desde la elaboración del último Estatut. Quien quiera hacer algo más que declaraciones que lo incorpore como una condición sine qua non a la mesa de negociación. Mientras ese momento no llega y la titularidad dependa de Madrid solo hay dos opciones: negociar una ampliación que tenga en cuenta las demandas medioambientales, que, por otra parte, están en línea con las peticiones de la Comisión Europea, o oponerse sin alternativa alguna y perder la oportunidad.

Prefiero la primera opción aun a costa de que el resultado final no sea una victoria por diez a cero. Esa creo que debería ser la actitud del nuevo Govern constituido recientemente y presidido por Pere Aragonès; incómoda, ciertamente, pero orientada a encontrar una solución. Con el Ayuntamiento será más difícil contar, ya que está instalado en el no a casi todo aún a costa de la degradación de Barcelona. Así, ha rechazado el Museo Hermitage y se ha quedado tan tranquilo. El hecho de que más de 200 entidades catalanas de diferente signo ideológico hayan firmado un manifiesto a favor de la ampliación del aeropuerto, que comportaría una inversión de 1.700 millones de euros y permitiría reforzar su papel como hub intercontinental, uno de los objetivos perseguidos durante más tiempo por la clase política y empresarial catalana, es, cuando menos, para abrirse a una negociación.