Por primera vez una comisión bilateral entre el Gobierno de España y el Govern va a hablar de la situación de los presos políticos catalanes y de un referéndum de autodeterminación en Catalunya. Será el 1 de agosto, en Barcelona, y las dos cuestiones figuran en el punto 7 del orden del día acordado entre ambas administraciones. No será una negociación, obviamente. Tampoco, a lo mejor, ni un diálogo, ya que la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, cuando se ha conocido el orden del día, ha señalado que no hay nada a negociar sobre el referéndum, ya que no está reconocido en el ordenamiento jurídico español.

No cabe ser optimista, por tanto, respecto al resultado final de esta reunión en el tema del referéndum de autodeterminación. Pero sí recordar que hace 48 horas el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguraba que este punto no estaría en el orden del día. Y está. La delegación catalana será de peso y estará presidida por el conseller d'Acció Exterior i Relacions Institucionals, Ernest Maragall, y formarán parte el vicepresident, Pere Aragonès, la consellera de Presidència, Elsa Artadi, y el delegado del Govern en Madrid, Ferran Mascarell. Por parte del Gobierno, además de la ministra Batet, asistirán diferentes secretarios de Estado y la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera. Vale la pena reseñar que será la primera vez que un organismo de cooperación entre la administración del Estado y la catalana creado, obviamente, bajo la legislación española, al menos escuchará los argumentos del Govern y la demanda de más de dos millones de catalanes.

La política es un juego de acuerdos y de cambio de cromos. Es posible que el PSOE, a pesar de sacar en tromba a sus ministros para asustar sobre el final de la legislatura después de la asamblea del PDeCAT, haya concluido que nada asegura tanto el gobierno como tenerlo. Mucho más que unas elecciones. Y haya puesto a la vicepresidenta Carmen Calvo y a la cúpula del grupo parlamentario a trabajar en la búsqueda de acuerdos con las dos formaciones independentistas catalanas. Veremos si esto se traduce este viernes en el apoyo al techo de gasto en el Congreso, una cuestión crucial para el Ejecutivo español. También lo decía este jueves el republicano Sergi Sabrià al señalar que arreglar Rodalies no soluciona el problema catalán.

El independentismo gobierna en Catalunya para poner encima de la mesa las cuestiones que más preocupan a los catalanes, y la situación de los presos y el referéndum son dos de las más importantes, si no las más importantes. Y eso Madrid tiene que acabar entendiéndolo.