Con la aprobación por parte del Govern del proyecto de presupuestos para el año 2022 y su entrada en el Parlament se pone en marcha el reloj para la presentación de enmiendas a la totalidad, lo que cristalizará en su tramitación parlamentaria o su devolución al Consell Executiu. Será en el pleno de la Cámara catalana que se celebrará, según las previsiones, el próximo lunes día 22.

Como ya es sabido, no hay, hoy por hoy, una mayoría parlamentaria que garantice su aprobación ya que las cuentas públicas solo cuentan con los 63 diputados de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya, insuficientes si todos los demás grupos parlamentarios votaran en contra. No será hasta el próximo lunes que la CUP, la formación que facilitó la investidura de Pere Aragonès, dará cuenta del resultado de la votación de su militancia y se sabrá dónde queda ubicada la formación anticapitalista. Un anuncio que, de ser contrario, supondrá una fractura, quien sabe si irreversible, en la mayoría independentista del 52% alcanzada en las elecciones del pasado 14 de febrero.

El conseller de Economia, Jaume Giró, ha presentado unas cuentas públicas para el año que viene lo suficientemente ambiciosas -un incremento de 5.618 millones, un 17,3% respecto a las últimas aprobadas, las de 2020, y el mayor anualizado en valor absoluto y en porcentaje desde 2007-; y con un componente de gasto social muy importante, como refleja el hecho de que el 74,6% -tres de cada cuatro euros de un presupuesto de 38.139 millones de euros- se destinará a educación, salud, derechos sociales y vivienda, fomento de la ocupación y transporte público. Y lo ha hecho en la fecha anunciada hace muchas semanas, para que el 1 de enero del año próximo el presupuesto pueda estar en vigor si supera el trámite parlamentario.

Junto a toda la cascada de cifras del proyecto de presupuestos, la gran novedad de la presentación ha sido el énfasis que ha puesto el conseller Jaume Giró en sacarlos adelante. Solo hay un grupo parlamentario con el que se ha negociado, la CUP. Y hay una voluntad indiscutible de sacarlos adelante con esta formación siempre que no se desvirtúe el proyecto con peticiones imposibles. Pero también hay una voluntad, diría que incluso una necesidad, de que salgan adelante para poder disponer de 5.618 millones más, algo que sería imposible con una prórroga de las cuentas actuales y el obligado cumplimiento del déficit público.

El Govern no quiere, y hace bien, pasar a esta nueva pantalla ya que confía en el voto afirmativo de los anticapitalistas. Pero no va a renunciar a los presupuestos y, llegado el caso, buscará los votos por la vía de la abstención en los comunes o en el PSC. Es lo más inteligente si la CUP se cierra en banda con posiciones inviables. Quizás por ello estos dos partidos tuvieron una actitud cautelosa a la hora de posicionarse sobre las cuentas del Ejecutivo catalán ya que nadie sabe a ciencia cierta cómo acabará esta partida y dónde encontrará el Govern los apoyos que necesita para que el día 22 haya más votos en contra de las enmiendas a la totalidad que a favor.

Lo que es evidente es que la primera gran partida política en Catalunya después de la que se libró por la investidura del president de la Generalitat se ha puesto en marcha. Y con ella la orientación de la legislatura y los acuerdos que se cerraron para llevar a Aragonès a la presidencia, incluido su compromiso para una cuestión de confianza a mitad del mandato, en 2023. Si la CUP se desentiende de los presupuestos, todo lo demás quedará en el aire.