El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, han cerrado un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado para 2019 con toda la pompa necesaria para la ocasión en el Palacio de la Moncloa. Aunque es el primer acuerdo serio de las dos fuerzas de izquierda españolas y no en una cuestión menor sino en las cuentas del Estado, sus ingresos y sus gastos, el debate necesario no puede escapar a cuatro premisas: no hay una mayoría parlamentaria para sacarlos adelante en las Cortes si no tienen el apoyo independentista. La medida estrella de los mismos ―los 900 euros de salario mínimo que contempla el proyecto― es un acierto y una necesidad pero no ha de condicionar el voto de las formaciones de Puigdemont y de Junqueras ya que se puede perfectamente aprobar en otro trámite parlamentario. 

En tercer lugar, el señuelo de una inversión extra presupuestada para Catalunya de 2.200 millones es un nuevo anuncio similar al de los últimos años y que ya hicieron Aznar, Zapatero y Rajoy y sus respectivos ministros de Economía o de Fomento. Si hay que hablar de nuevos ingresos para Catalunya es a partir del déficit fiscal crónico y no mediante hipotéticos anuncios que, en el mejor de los casos, se ponen en unas cuentas públicas y después nunca se ejecutan en su totalidad. Finalmente, está el tema de los exiliados, presos políticos y el silencio del gobierno español a poner encima de la mesa el proyecto que tiene para Catalunya y que no puede seguir siendo ganar tiempo. Por no decir el desaire del gobierno español al catalán prohibiendo a su president Quim Torra que interviniera esta semana en el Fórum de la Unión Europea del Mediterráneo, que se ha celebrado en Barcelona, y que incluso el gobierno de Mariano Rajoy permitió al president Puigdemont dirigirse en 2017 a los representantes de 41 países.

Es obvio que Pedro Sánchez sabe lo importante que para él son los presupuestos y que, a la postre, equivaldría a un cierto cheque en blanco para llevar la legislatura hasta el final. 

Lo contrario acabaría, más pronto o más tarde, con la disolución de las Cortes y el adelanto electoral. Las cartas están, pues, encima de la mesa. Y, por ahora, no hay ningún incentivo político para aprobarlos. El gobierno español debería saber que está muy lejos de contar con el apoyo de los partidos independentistas. Y que esta vez no habrá cheques en blanco.