La reunión del martes entre el president, Quim Torra, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dejado encima de la mesa una oportunidad de aprobación de los presupuestos de la Generalitat y de la capital catalana que ambas partes tendrían que aprovechar después de la oferta pública de Colau. En síntesis, la propuesta de la primera edil municipal consiste en un intercambio de apoyos en el Parlament y en el consistorio de la capital catalana, habida cuenta de que en ambas administraciones los respectivos equipos de gobierno no cuentan con mayoría suficiente para tirarlos adelante sin apoyos externos.

Colau ha dado un paso adelante y hay que cogerle la palabra, aunque las últimas experiencias son más bien frustrantes para el Govern, ya que el vicepresident Pere Aragonès ya lo intentó el pasado año y recibió calabazas, pese a que las cuentas públicas eran imprescindibles para mejorar toda una serie de servicios sociales que no se pudieron incrementar al no tener luz verde los presupuestos. De hecho, los últimos presupuestos catalanes que se aprobaron fueron los del 2017 gracias, sobre todo, a una jugada táctica del president Puigdemont que los vinculó a una moción de confianza y logró el apoyo de la CUP. Pero en los últimos diez años, en cuatro ocasiones han sido prorrogados.

En los cuatro años de mandato de Colau solo en una ocasión ha conseguido aprobarlos por el pleno, aunque sí los ha sacado a través de una moción de confianza en la que ha sido imposible conformar una mayoría alternativa. En cualquier caso, aunque ambas administraciones tienen necesidad de aprobarlos, la situación de la Generalitat es más urgente y, en la práctica, más difícil. Tanto es así que Torra y Aragonès deben intentarlo tanto con los comunes ―la historia invita al escepticismo― como con la CUP ―hay que explorar los márgenes de su nueva hoja de ruta―.

Si con ninguna de las dos formaciones es viable, quedará el camino del PSC y que ya ha invocado Iceta. Es un itinerario, este último, repleto de espinas. Pero la obligación de cualquier gobernante es no cerrarse puertas y explorar todas las opciones, también las aparentemente imposibles, y los socialistas están en esta lista, si lo que está en juego es la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. Lo peor, siempre, es no aprobarlos.