Se cumplen este miércoles cien días del ingreso en prisión de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, dos entidades que han tenido un protagonismo especial, si se quiere, incluso decisivo, en el auge del movimiento independentista catalán. Los Jordis, como popularmente son conocidos desde hace tiempo, ingresaron en Soto del Real en prisión sin fianza el pasado 16 de octubre por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que inicialmente llevaba el caso, una situación de privación de libertad que ha mantenido el actual instructor de la causa, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. En este tiempo, Sànchez y Cuixart han presentado pruebas suficientes de su actitud en la concentración del pasado 20 de septiembre ante los registros de la Guardia Civil en la conselleria de Economia -los vídeos que así lo certifican son incontables- y por la que se les acusa de sedición.

Este martes mismo, la Fiscalía de TS ha pedido al juez que deniegue el próximo viernes la petición de libertad que había solicitado Jordi Sànchez "por riesgo de reiteración delictiva". La misma medida ha sido solicitada para Joaquim Forn, que también la había pedido, y que ha anunciado su voluntad de renunciar al acta de diputado obtenida el pasado 21 de diciembre en aras a facilitar su salida de la prisión de Estremera y la estrategia de su defensa. Así están las cosas para el bueno de Forn, un hombre recto y sin enemigos en el siempre enfangado mundo de la política. Un espacio público destinado al debate y al diálogo y que ha quedado en buena medida reducido a la represión y a la violencia.

Cuando pase el tiempo, cuesta pensar cómo será recordada esta etapa tan dolorosa para unos cuantos, en que la prisión no ha servido para la función que fue pensada, y que no es otra que la reeducación y la reinserción social. Demasiadas veces en estos cien días la percepción no ha sido esta sino una medida privativa de libertad con un fuerte componente político. ¿Con qué objetivo?: el escarmiento público y la expulsión de la vida política de una generación de líderes del independentismo. La razón de la fuerza frente a la fuerza de la razón. Nadie puede hacerse a la idea de lo que son cien días en prisión y de como pueden soportarlo personas que sin juicio alguno -y a juicio de muchos juristas, sin haber cometido delito alguno- han sido privados de libertad. Ellos, sus familias, sus amigos...

En una carta de Jordi Sànchez que he recibido estas últimas horas, el expresidente de la ANC es consciente de la actitud implacable del Estado con los líderes independentistas y no se engaña respecto a un cambio que les permita salir de la prisión. Pero, al mismo tiempo, sabe leer perfectamente el estado actual del debate en la política catalana. La combinación de la resiliencia necesaria del independentismo con la política reparadora de los daños causados por el 155. Y, por en medio, la elección del president de la Generalitat por parte del Parlament de Catalunya. Madurez y gestión de los tiempos ante una etapa de (re)construcción. Sànchez encarna, como Cuixart, los políticos presos y el Govern en el exilio, el rostro visible de una Catalunya que ha querido ser trinchada desde Madrid y que el 21-D los catalanes, con su voto, han repuesto en su sitio en contra de cualquier lógica que pueda ser entendida desde la capital española. De ahí, la irritación, la perplejidad y el desconcierto que, al final, solo sabe expresarse con descalificaciones e insultos. Demasiado poco para abordar el problema.