Dieciséis meses después de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, el PSOE ha cumplido con Junts uno de los acuerdos que le llevaron de nuevo al palacio de la Moncloa: la transferencia a Catalunya de las competencias de inmigración. No ha sido, por tanto, un recorrido fácil y los socialistas han retardado tanto como han podido un traspaso que si se acaba aplicando en el espíritu de la proposición de ley orgánica de delegación de competencias en materia de inmigración que han presentado en el Congreso de los Diputados supondrá un antes y un después. Los socialistas aceptan una cuestión fundamental y capital: será el govern de Catalunya la autoridad que podrá desarrollar un modelo propio y una política integral, dado que en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración, las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y del Estado.
Los que sostienen que este acuerdo es la mayor cesión de poder por parte del Estado español a Catalunya desde la transferencia de las competencias de tráfico a los Mossos d'Esquadra tienen razón. No hay nada que aguante una comparativa que no sea aquella acción protagonizada por Jordi Pujol en el marco de los pactos del Majestic, por el hotel del paseo de Gràcia de Barcelona, en que lo rubricaron José María Aznar y el entonces president de la Generalitat. ¿Cuáles son los ejes del acuerdo que lo hacen tan relevante? Básicamente, cuatro: los Mossos actuarán en la frontera y estarán presentes en puertos y aeropuertos, la Generalitat expedirá el documento de identidad para los extranjeros y Catalunya gestionará las expulsiones y devoluciones de extranjeros y tendrá el control de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). ¿Es una transferencia integral? Sí, y desborda ampliamente lo que hace no tanto tiempo parecía imposible. ¿Es un café para todos? No, imposible. Porque se requieren tres cosas: la primera, que la comunidad autónoma reclame las competencias; la segunda, que el gobierno español se la ceda; y tercero, y fundamental, que disponga de policía propia para asumir muchas de las funciones delegadas, algo que, además de Catalunya, solo cumplen el País Vasco y, parcialmente, Navarra.
La formación de Puigdemont tiene motivos para sentirse satisfecha, ya que, como en el caso de la ley de amnistía, son los que más han tirado del carro para lograr la transferencia que ellos no gestionarán, al menos en los primeros años, sino que será el Govern del president Salvador Illa a quien le corresponda. Empero, Junts también podrá sacar rédito a esa circunstancia: por el hecho de estar en la oposición en Catalunya, sus prioridades no han cambiado y priorizan el mayor número posible de transferencias. La reacción que se ha desencadenado, desde el PP y Vox a Podemos, pasando por las agrupaciones de la Guardia Civil y otros sectores afectados, refleja perfectamente el escozor que ha producido el acuerdo. El caso de la formación de Pablo Iglesias es, sin duda, el más sorprendente, tanto por las acusaciones lanzadas contra Junts como por estar en contra de una transferencia que gestionarán en Catalunya los socialistas. Es cierto que sus cuatro votos en el Congreso serán necesarios, pero la visceralidad en contra del acuerdo que ha demostrado parece más un mensaje para poner en problemas a Sánchez y arrebatar votantes a Sumar que cualquier otra cosa.
A partir de ahora, todo lo que tiene que ver con la vida de un extranjero en Catalunya pasará por la Generalitat
El camino que tiene por delante el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts no será ni mucho menos fácil, más allá de Podemos. Los pactos con Pedro Sánchez siempre acaban teniendo un final muy diferente a lo que se pensó en un inicio y el resultado de la ley de Amnistía es el ejemplo más claro. Se podrá culpar a los jueces, pero con un redactado que hiciera imposible el margen judicial estaríamos hablando de un resultado diferente. En principio hay tres grandes bloques de problemas: la constitucionalidad de la ley una vez el Partido Popular ya ha hecho evidente que la piensa llevar al Alto Tribunal. Segundo, el conflicto normativo que late en el fondo de la proposición de ley, cuyo redactado no viene suficientemente arropado de leyes vigentes que pueden precisar de modificaciones en diversos puntos del articulado. Y, finalmente, la disputa jurídica sobre si contraviene o no el derecho de la Unión. Sobre los tres puntos hay opiniones para todos los gustos, algo que, conociendo como se mueven las aguas profundas del Estado español, no deja de ser preocupante.
En cualquier caso, eso será a partir de las próximas semanas, ya que, como señaló Carles Puigdemont en una comparecencia pública, la desconfianza del independentismo catalán con el PSOE es desde este martes algo menor. Sobre todo porque Junts ya tiene una parte del eslogan en los temas de inmigración hecho: "A partir de ahora, todo lo que tiene que ver con la vida de un extranjero en Catalunya pasará por la Generalitat. O sea, por Illa. Que tendrá que lidiar con una explosiva carpeta en la que Puigdemont ya ha hecho su papel: conseguir la transferencia".