Aunque no hay información ninguna, ya que como sucedió en el referéndum del 1 de octubre de 2017, la comunicación está encapsulada y de ella disponen muy pocas personas —dudo que sean un número superior a los dedos de una mano—, lo más probable es que Carles Puigdemont ya se encuentre a estas horas en Catalunya. Que haya cruzado la frontera. Sin su móvil y a la espera de que pasen las horas para acudir en la mañana de este jueves al acto convocado en el paseo de Lluís Companys de Barcelona por el Consell de la República y las entidades independentistas, así como Junts per Catalunya y la CUP, para recibirle y acompañarlo al Parlament para asistir a la investidura del socialista Salvador Illa. Hacía tiempo que no se vivía tanta tensión política y policial ante una jornada que pone de relieve la excepcionalidad de un estado de la Unión Europea, donde el Parlamento aprueba una ley de amnistía y los jueces del Tribunal Supremo hacen de su capa un sayo, infringiendo el ordenamiento jurídico y dando encima de la mesa un puñetazo: aquí, mandamos nosotros.

El despliegue policial de los Mossos para detenerlo e impedir que Carles Puigdemont acceda al Parlament va a ser importante. Llama la atención este prurito policial, ya que estamos hablando de un president que en condiciones normales ya tendría aplicada la amnistía y entraría y saldría sin temor alguno a la pérdida de libertad. La policía catalana ha establecido un perímetro de seguridad para que nada se le escape y poderlo detener tan pronto como acabe el acto del paseo de Lluís Companys. En cualquier caso, bajo ningún concepto quieren que entre en el Parlament. Cabe pensar que habrá una proporcionalidad en la actuación policial y que se evitarán situaciones extremas. La imagen de una detención por la fuerza acompañado por el president del Parlament, Josep Rull, y los grupos parlamentarios de Junts y de la CUP —Esquerra no ha concretado cuál será el comportamiento de sus diputados, ni tampoco si estará presente el president de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès— sería un lastre histórico para la policía catalana.

Cabe pensar que habrá una proporcionalidad en la actuación policial y que se evitarán situaciones extremas

En cualquier caso, si Puigdemont es detenido y no puede entrar en el Parlament, no habrá sesión de investidura, que tendría que empezar a las 10 de la mañana. Esto está claro y ha ido cuajando como seguro a medida que iban pasando las horas. El candidato a la presidencia, el socialista Salvador Illa, ya trabaja con este guion y desde este punto de vista no parece que vaya a haber mayores problemas, ni ninguna exigencia por su parte de que se mantenga sea como sea la convocatoria. Pero es evidente que los agentes de paisano que pretendan detener al president en el exilio tampoco lo van a tener tan fácil, ya que además de los diputados que le acompañen, estarán los alcaldes con la vara de mando que respondan a la llamada de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), que agrupa a unos 700 consistorios, para que acudan a la recepción de Puigdemont. Mucho peso político para que los Mossos quieran ejercer la fuerza ante las cámaras de televisión.

Se va a entrar en un terreno lamentablemente muy conocido, porque el independentismo ya lo ha vivido en el pasado, y que no deja de ser un ejemplo de que la represión sigue existiendo, más allá de discursos interesados que hablan de una política de reconciliación. Nada de eso se ajusta a la realidad y el ejemplo más claro va a ser la detención y puesta a disposición judicial del president en el exilio. Eso va a suceder en horas, igual que su traslado primero a la Ciutat de la Justícia, en L'Hospitalet y, más tarde, a Madrid en un furgón policial para ingresar en la prisión de Estremera o de Soto de Real. Alguien debería preguntar a Pedro Sánchez y a los que consienten que eso pueda suceder que den detalles de en qué consiste exactamente la reconciliación o, algo mucho más sencillo, la aplicación de la ley.

Cuando una agencia de noticias del prestigio internacional de Reuters habla de una detención dramática de Puigdemont es que los medios extranjeros saben leer mucho mejor la realidad que la gran mayoría de los de Madrid y muchos de Barcelona. Algo que no ha sido una excepción desde 2017, salvo en momentos muy contados, cuando Sánchez ha necesitado rebajar la tensión con el president en el exilio y en Barcelona han rebajado su inquina para satisfacer a la Moncloa.