El referéndum del 1 de octubre ya es oficial a todos los efectos. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont y todo su Govern, empezando por el vicepresident, Oriol Junqueras, han estampado su firma a las 23.26 en el decreto de convocatoria para su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Ha sido una jornada pesada en muchos aspectos para todos aquellos que no están acostumbrados al filibusterismo parlamentario, con interrupciones sinceramente innecesarias pero muy pensadas en clave de oposición y de restar margen de maniobra a la mayoría parlamentaria y donde la líder de la oposición, Inés Arrimadas, anunció una moción de censura al president al término de la sesión, no dejan de ser a estas horas noticias casi sin importancia ante la trascendencia del momento.
El Gobierno español recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional y veremos qué otras iniciativas coercitivas activa para impedir la votación del 1 de octubre que ya está en marcha. Pero es indiscutible que su fracaso político es absoluto y su capacidad analítica casi roza el ridículo. Obsesionado con que a este momento no se iba a llegar nunca, parapetado en una negativa a todo y cerrando los ojos a la evolución de la sociedad catalana en los últimos siete años no ha querido ni tan siquiera sentarse a negociar. Desoyendo así una parte importante de la opinión pública internacional que ha acabado entendiendo mucho más el deseo mayoritario de los catalanes al referéndum que la cerrazón de la Moncloa. No la de los gobiernos extranjeros, claro está, que en público no se han movido de la ortodoxia más estricta —¿cuándo ha sucedido de otra manera en la historia?—, sino de la posición expresada por los medios más influyentes, empezando por The New York Times o Financial Times y siguiendo con una legión de rotativos.
El Gobierno español, de la mano del dúo Soraya-Moragas ha apostado por las leyes frente a la política, cuando lo primero es siempre consecuencia de lo segundo y nunca a la inversa. Dejando tocado —¿irremediablemente?— a Mariano Rajoy y desprotegido al jefe del Estado, el rey Felipe VI. El tiempo venidero hará evidentes ambas cosas.
Pero volvamos a Catalunya. El elemento relevante, el sustantivo, es que el Govern y la mayoría parlamentaria que le da apoyo ha aprobado la ley del Referéndum y los diputados de Catalunya Sí Que Es Pot se han abstenido en un acuerdo de compromiso pero que también hizo evidente las desavenencias internas. Los demás grupos, Ciudadanos, PSC y PP, no participaron en la votación y, en consecuencia, la ley no tuvo votos en contra y fue aprobada por 72 a favor y 11 abstenciones.
El camino que tiene el Govern por delante hasta el 1 de octubre está lleno de dificultades. Todo el mundo es consciente de ello y de que el Gobierno español fácil no se lo va a poner al Ejecutivo de Carles Puigdemont. Y quizás por eso entre los diputados que votaron favorablemente la ley no imperaba un único sentimiento. Por un lado, la satisfacción de haber llegado hasta la aprobación. Pero por el otro, el ingente trabajo que falta por hacer en los 24 días que transcurrirán hasta la cita con las urnas. Y una idea generalizada en el mundo independentista: ahora, a ganar el 1 de octubre.