El largo e intenso debate suscitado este martes en Luxemburgo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre cuál es la posición del tribunal en las euroórdenes solicitadas por el juez Pablo Llarena, que los tribunales nacionales de diferentes estados le han denegado, ha servido para poner nuevamente de relieve las deficiencias de la justicia española. Esta es la gran arma de la defensa de los diferentes exiliados catalanes, empezando por el president Carles Puigdemont y el resto de consellers residentes en Bélgica -Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig (de hecho, las prejudiciales pedidas por Llarena tienen que ver con la negativa de la justicia belga a extraditar al conseller de Cultura- así como las dos dirigentes políticas residentes en Suiza, Marta Rovira y Anna Gabriel. El meollo de la cuestión y sobre la que el TJUE deberá dictar sentencia tiene que ver con la existencia de un riesgo judicial contra los políticos independentistas catalanes y sobre la competencia o no del Tribunal Supremo.

Más allá del ruido que origina cualquier juicio, y este es sin duda trascendente para los intereses de los dos bandos en litigio, poco o nada ha cambiado aparentemente en la vista. La posición de los políticos independentistas continúa siendo la más sólida y la doctrina del TJUE dice lo que dice, por lo que las posibilidades de que la extradición que plantea el juez Llarena reviva son mínimas por no decir nulas. Otra cosa es que se quiera hacer ruido con la posición de la Comisión Europea defendiendo a España en la vista de Luxemburgo. Olvidando, no por casualidad, que la CE no es otra cosa que el gobierno de la Unión Europea y que como organismo político está alineado con su miembro del club, España, que no es un estado paria sino un representante al que hay que defender.

Poco habrá impresionado a los jueces de Luxemburgo la posición esperada de la Comisión y, sin duda, mucho menos de lo que parece haber sorprendido a la prensa del establishment, que acaba elevando a principal noticia lo que es una cosa de manual. Porque, desde hace años, la Comisión se ha negado a recibir al máximo nivel  a representantes del Govern independentista en una muestra de lealtad al Estado español y a su gobierno, primero a Mariano Rajoy y ahora a Pedro Sánchez. Tampoco es noticia la posición de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ha ido a defender la conveniencia de las euroórdenes y la imparcialidad y neutralidad de la justicia española. ¿Cabía esperar otra cosa? Y Vox, ¿qué ha hecho?, pues lo que se espera. Quizás en esta pasarela solo llamó algo la atención la posición de Bélgica, que se puso más de perfil de lo esperado teniendo en cuenta que lo que se dilucidaba era una posición adoptada por un tribunal de ese país. Será por presiones políticas o no, pero, solo al final, Bélgica tuvo una posición más parecida a la prevista.

Se abre ahora un período de varios meses hasta que el 14 de julio el abogado general del TJUE emita su informe que no será vinculante pero sí una pista sobre el final que se espera para la segunda quincena de agosto o, más probablemente, para los primeros días de septiembre. En este intervalo de varios meses, se realizará el juicio sobre la inmunidad de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Seguramente, en mayo. Será al final de las dos sentencias judiciales cuando se podrán dar por resueltas la extradición y la inmunidad. Casualidades de la vida o no: con la Diada, el 1 de octubre (referéndum) y el intenso mes político de octubre, que siempre tiene una mirada a lo que el Parlament decidió en 2017, habrá luz verde al retorno del president Puigdemont. El calendario se ubica en otoño.