Que España tiene la mayor crisis institucional desde el inicio de la transición es poco discutible. A la crisis territorial provocada por una desmesura política y judicial, principalmente, aunque también económica y mediática, que ha puesto de relieve la endeblez de la democracia española y su única apuesta por la represión como solución de cualquier conflicto, se ha unido a raíz de la insultante sentencia de la Manada emitida por tres magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra un conflicto sin precedentes entre la judicatura española y el gobierno de Mariano Rajoy.

Cuando a un país se le rompen las costuras e implosiona en múltiples crisis, suele entrar en una fase de colapso institucional y esto es lo que le está sucediendo a España en la etapa crepuscular de un gobierno incompetente hasta la saciedad. Las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, señalando directamente a uno de los tres jueces que emitieron la sentencia de la Manada -el que pidió la absolución de los jóvenes bárbaros- y apuntando al Consejo General del Poder Judicial por no haberlo apartado ya que "tiene un problema singular" y "todo el mundo" lo sabe, ha situado al órgano rector de los jueces literalmente contra las cuerdas.

El hecho de que asociaciones de jueces y fiscales hayan pedido su dimisión es casi anecdótico. La pidió el Congreso y ahí sigue y es obvio que hace tiempo que Catalá debería estar fuera del Ejecutivo. Entre otras cosas por la dirección gubernamental del 155 y el uso realizado de la Fiscalía en el referéndum del 1-O, que un día conoceremos con detalle, y las presiones a la justicia que aún hoy retienen en prisión a una parte significativa del Govern y han forzado al resto a tomar el camino del exilio, empezando por el president Carles Puigdemont. No es ese el único conflicto entre el gobierno español y la justicia ya que aún está viva la defensa del ministro Montoro de que no había habido malversación en el referéndum en contra de lo defendido por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Pero no es por el tema de la Manada que el ministro Catalá tiene que irse corriendo de su cargo. Las acusaciones que ha hecho del juez de Pamplona son muy graves y el CGPJ lejos de pedir prudencia a los políticos -en España nadie tiene patente de corso se repite con frecuencia, aunque a la vista está que no es así- lo que debe hacer es abrir una investigación. Y, si conoce ya el resultado, dar cuenta urgente a la opinión pública.

Ya sé que lo cómodo y lo fácil en los medios españoles es hablar de la división en el independentismo y las quinielas sobre si habrá o no Govern. Al haberse cumplido seis meses de la proclamación de la República catalana, casi siete del 1-O (que se cumplen este martes) y, sobre todo, algo más de cuatro de las elecciones del 21-D hay que reconocer que este imprevisto acto de demolición de la arquitectura institucional española nos lo hubiéramos perdido con una gestión diferente de los tiempos en la formación del Govern.