La declaración del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como testigo en la causa abierta contra la trama Gürtel y la caja B del Partido Popular es una noticia de primera magnitud por más que se hayan encendido convenientemente en los últimos días diferentes fuegos de distracción siempre vinculados a noticias relacionadas con el independentismo catalán. Rajoy compareció durante más de dos horas en la Audiencia Nacional, siendo el primer presidente en ejercicio del gobierno español que es citado por los tribunales, y su declaración no contribuyó a aportar luz sobre las zonas de penumbra de financiación de la formación conservadora. Entre otros motivos, porque el presidente de la sala impidió que se formularan muchas de las preguntas de los abogados alegando razonamientos jurídicos diferentes y generándose así una sensación extraña para los profanos en seguimientos de declaraciones de esta naturaleza.
Los defensores de Mariano Rajoy podrán alegar que el presidente salió sin heridas de importancia de una declaración que llevaba bien aprendida y en la que usó, cuando la respuesta podía ser comprometida, la recorrida frase de "no recuerdo". La oposición tiene también motivos a los que agarrarse, ya que muchas de sus respuestas fueron necesariamente esquivas y no despejó las dudas sobre el conocimiento real que podía tener de muchas operaciones que acaban siempre en la caja B del Partido Popular. De todas maneras, por más que se le alejara del lugar en el que declararán los demás testimonios y se le consignara un espacio noble en la sala en su condición de presidente del gobierno, accediera a la Audiencia Nacional directamente en coche al parking de la misma y fuera recibido al salir del vehículo por su presidente, nada de ello restará importancia a una declaración histórica y que habrá que ver qué coste político acabará teniendo para el presidente del Gobierno.
En previsión de ello, una vez más se han puesto en marcha diferentes asuntos judiciales y policiales relacionados con el referéndum del 1 de octubre e incluso con la corrupción de la extinta Convergència o del gobierno catalán en los años de la presidencia de Artur Mas. No es la primera vez que sucede y no será la última: los fuegos del PP se apagan siempre de la misma manera. La citación por parte de la Guardia Civil de dos altos cargos de Presidència de la Generalitat y el anuncio por parte del cuerpo de que ambos estaban imputados es de una gran anomalía jurídica ya que la policía no adjudica a nadie la condición de investigado, sino que son los tribunales. Incluso se llegó a decir desde fuentes de la Guardia Civil que el delito contra ambos era el de sedición, algo que el juez que lleva el caso no confirmó. Hasta el extremo que el Govern anunció a las pocas horas su intención de denunciar ante los juzgados lo que ha considerado una persecución. Por esta vía se escapará Rajoy y en las próximas horas su comparecencia ante la Audiencia Nacional será cosa de la historia.