Tengo la impresión que no existe aún consciencia de la gravedad democrática que supone que el Estado español haya reconocido este jueves a través de la directora del CNI, en la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados, que había investigado con Pegasus al independentismo catalán y que los servicios de espionaje lo habían hecho con autorización judicial del Tribunal Supremo. El hecho de que entre los espiados reconocidos por el CNI esté el president de la Generalitat, Pere Aragonès, añade dramatismo y gravedad a la situación. Como también acrecienta su importancia el hecho de que afecte al entorno más próximo del president Carles Puigdemont y representantes de las entidades soberanistas. La directora del CNI solo ha reconocido 18 de los 65 casos de espionaje con Pegasus que Citizen Lab dio por confirmados el pasado 18 de abril, con lo que se abren varias hipótesis: ¿hemos de creernos la verdad oficial que ahora se nos dice? ¿Pudo hacer el CNI otros espionajes sin mandato judicial? ¿Pudo el Estado español, como en alguna otra ocasión, recurrir a las cloacas para quedar en un segundo plano?

Ninguna de estas preguntas tiene respuesta, aunque la simple información oficial dada por la directora del CNI en el Congreso da pie a cualquier conjetura y, lo que es más peligroso, sitúa a los servicios de espionaje españoles en una posición muy difícil. Se está abriendo en canal una actuación de violación total de la intimidad de personas que ocupaban cargos de responsabilidad para saber, en algún caso, cómo pensaban y qué iban a hacer. Un espionaje a efectos de inteligencia: no se trataba de impedir la comisión de un delito. Porque el programa Pegasus no es un espionaje al uso sino que es una intrusión total y hasta el último resquicio. Ninguna información queda protegida. En el caso del president Aragonès, el representante ordinario del Estado en Catalunya según el Estatut, cuesta encontrar una explicación que no sea el conocer políticamente todos sus movimientos, nada que ver, obviamente, con la sospecha de un delito. Pero si tiramos de este hilo, y es obligación hacerlo, hay que preguntarse qué información ha obtenido el CNI de Aragonès y, sobre todo, qué uso ha hecho o piensa hacer.

Porque el CNI, que nace en España en 2002 tras la autoinmolación del Cesid, que, casualidades de la vida, también venía de un affaire con espionaje que hizo rodar las cabezas, entre otros, de Narcís Serra, aparece como el organismo responsable de facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno español informaciones, análisis y propuestas que ayuden a prevenir y evitar cualquier peligro o agresión. Como nunca podremos saber oficialmente si la directora del CNI ha facilitado información a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que es quien la nombra, y al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hemos de sospechar que sí. No ha habido en la democracia española presidente del Gobierno que se haya resistido a disponer al instante de la información relevante obtenida por el CNI, alguna de la cual, en función de su importancia, también era compartida con el Rey en los despachos regulares entre el ministro de Defensa y el jefe del Estado.

La explicación de la directora del CNI, lejos de permitir pasar página a todo lo conocido hasta la fecha -otra carpeta es el espionaje a Pedro Sánchez, que todo el mundo señala a Marruecos y que no hay razón alguna para pensar que también esté detrás de los independentistas- abre tantos interrogantes, genera tantas dudas y siembra tanto miedo que, aunque es imprescindible la comisión de investigación, el striptease reconocido en sede parlamentaria de un país que espía adversarios políticos es muy preocupante. Un reconocimiento tardío y torpe, donde las fechas secretas del espionaje reconocido por el CNI no casan en algún caso con las de Citizen Lab, el laboratorio de investigación de la Universidad de Toronto.

Han intentado levantar el penúltimo cortafuegos para evitar un incendio que tiene dimensiones descomunales y, además, con una información parcelada y que, quizás, no ha hecho más que empezar. Porque cuando Citizen Lab en las próximas semanas valide nuevos nombres del mundo soberanista que también han sido espiados con Pegasus después de un análisis concienzudo de nuevos teléfonos que habrá sido realizado después del primer informe hecho público, ¿cuál será la respuesta? Alguien se ha puesto delante de una bola inmensa de nieve que baja montaña abajo y ha llegado a pensar que podrá detenerla.