El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha metido al Estado español en una selva de difícil salida con su insólita decisión de citar a un total de 712 alcaldes —casi el 75% de los máximos responsables de los consistorios catalanes— en calidad de investigados por apoyar el referéndum y, simultáneamente, ordenar a los Mossos d'Esquadra que, de negarse a comparecer, sean detenidos y conducidos ante las fiscalías provinciales correspondientes. En una partida complicada y compleja como la actual entre el Estado español y Catalunya y que tiene por objeto de los primeros impedir a toda costa el referéndum del 1 de octubre y de los segundos mantenerlo contra viento y marea, el movimiento de Maza, obviamente de acuerdo con el Gobierno, es un disparate judicial y un desatino político. Lo que en el lenguaje coloquial podríamos denominar un autogol ya que las costuras del estado de derecho saltan por los aires con una decisión que no tiene precedentes en democracias liberales con cargos electos y que son con mucho más propias de otras latitudes.

Si Mariano Rajoy pretendía situar las demandas catalanas en el foco internacional, ciertamente lo ha conseguido. Después de que Le Monde, The New York Times o Bloomberg le hayan pedido en las últimas horas pactar un referéndum con el Gobierno catalán, este miércoles, una vez fue conocida la decisión de la Fiscalía que podría acabar con cientos de alcaldes en la prisión, la perplejidad subió un escalón. Ya no afectó tan solo a la posición de los medios de comunicación internacionales sino que la reputada Human Rights Watch (HRW, Observatorio de los Derechos Humanos), la potente ONG destinada a defender los derechos humanos por todo el mundo, a semejanza de Amnistía Internacional, se preguntó en su cuenta de Twitter: ¿Amenazan los fiscales españoles con arrestar a centenares de alcaldes prorreferéndum? Una imagen de la Diada del pasado lunes servía de ilustración al inequívoco pronunciamiento aunque sea en forma de pregunta.

La reacción inmediata de los alcaldes a la petición fiscal evidencia la cohesión del movimiento municipalista catalán en un momento en que desde el Estado se busca encontrar la más mínima fisura para colocar una cuña que permita agrietar la mayoría soberanista. No va a ser a través del camino de la Fiscalía iniciado este miércoles. Es más, el movimiento represivo es de tal magnitud que deja absolutamente desprotegida a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, siempre vigilante de su imagen y de cualquier rédito electoral. A Colau el espacio y el tiempo se le ha reducido drásticamente y deberá escoger en qué lado prefiere estar. Si en el de los que imputan a alcaldes o en el de alcaldes imputados. No hay un tercero y ella lo sabe. Como sabe que Xavier Trias recibió en su día a los alcaldes independentistas concentrados en la plaça de Sant Jaume y ahora deberá decidir si este sábado les cierra las puertas o les invita.

Por si no fuera suficiente el conflicto provocado por Maza, un fiscal que permanece en el cargo pese a haber sido reprobado por el Parlamento (junto al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el dimitido fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix) por proteger al PP en el caso Lezo de corrupción política, no quiero acabar este artículo sin poner de relieve lo acontecido con la web de la Generalitat relacionada con el referéndum. Cerrada por la Guardia Civil con mandato judicial y reabierta en menos de una hora y con otro dominio por la Administración catalana. Y además no fue una reapertura discreta: el president Puigdemont y el vicepresident Junqueras fueron los encargados de anunciar que ya volvía a estar operativa. Ciertamente, todo es nuevo. Pero solo los tontos y los desinformados pueden cuestionar que este Govern vaya a por todas. Pero claro, desde Madrid alguien ha creído —y se ha vuelto a equivocar— que situando al frente del relato la insumisión las cosas serían más creíbles y el movimiento independentista daría un paso atrás. Tampoco han acertado.