Cuando este martes empezaron los registros en la Conselleria d'Economia y sede de la Vicepresidència, en rambla Catalunya de Barcelona, y también en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y en el gigante de la comunicación Mediapro, a nadie sorprendió. Y eso no es normal. Parecía una cosa ya habitual en estos últimos tiempos en los que lamentablemente es demasiado fácil hacer conjeturas: cada noticia sobre corrupción en la política española va acompañada de la correspondiente puesta en escena de un registro en una u otra administración, institución, entidad o sociedad catalana. Y el martes era el día en que todos los ojos estaban pendientes del fallo final del Tribunal Supremo sobre el denominado caso Nóos y que condena a Iñaki Urdangarin a penas de más de cinco años de prisión sumadas todas las condenas, y a la infanta Cristina como responsable civil a título lucrativo a pagar casi 137.000 euros. 

Lo mismo que este martes sucedió el 24 de mayo pasado, cuando la Audiencia Nacional condenaba a Luis Bárcenas a 33 años de cárcel y al Partido Popular a título lucrativo. A la postre fue el desencadenante de la moción de censura a Mariano Rajoy y el cambio de gobierno en España. Pero si la sentencia de aquel 24 de mayo era esperada, ¿qué sucedió a primeras horas de la mañana? Pues que se puso en marcha una macrooperación que se anunció con más de 30 detenciones en las horas siguientes y en la que participaron unos 500 agentes. El paso de las horas rebajó como en otras ocasiones las expectativas mediáticas y el titular del presunto desvío de varios millones de subvenciones hacia el referéndum del 1-O y el procés. Son dos ejemplos y podríamos poner más ya que en la hemeroteca están perfectamente documentados.

En las intervenciones policiales de este martes y en las del 24 de mayo da la impresión que el principal objetivo es la notoriedad, el impacto mediático. Entre otras cosas, porque la documentación que acaban retirando se podría obtener de una manera más discreta. También sorprende que se siga recabando documentación del 1 de octubre tantos meses después. Es posible que haya una nueva línea de investigación de las últimas horas pero después de haber ocupado el Govern de la Generalitat durante tantos meses el gobierno español no deja de ser llamativo. Decía el presidente de Mediapro, Jaume Roures, que la policía quería crear un ambiente de miedo e intimidación. Cuando, además, no se habían llevado nada relevante. También, lamentablemente, grotesco.

Eso sí, los catalanes compartiendo minutos de corrupción y de telediario con Urdangarin o con el PP acaba siendo en la España de hoy casi un deporte nacional.