Un nuevo caso judicial relacionado con el 1 de octubre y lo que supusieron las semanas previas y posteriores de aquel otoño de 2017 acaba de ser fallado por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y los políticos independentistas severamente condenados. Se trata, nada más y nada menos, de los miembros de la Mesa del Parlament de aquella legislatura pertenecientes a Junts per Catalunya y Esquerra Republicana que permitieron la tramitación de las leyes de ruptura con el Estado español. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluis Guinó, han sido condenados por desobediencia a 20 meses de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros. Como ya sucedió en el caso de la presidenta Carme Forcadell, al que volveremos más tarde, la justicia, en la práctica, pone cortapisas a la acción parlamentaria y sostiene que el debate no se hubiera tenido que llegar a producir. Se produce así un marcado conflicto entre los que defienden que si algo es un parlamento es la cámara legislativa en la que todo el mundo puede expresar libremente su opinión y, en consecuencia, reclaman este derecho, y en el lado contrario los que se oposieron a debates sin límites en el Parlament de Catalunya.

Acostumbrados a sentencias de años de prisión en la causa general que sigue la justicia española contra el independentismo puede haber quien considere que el fallo del tribunal tampoco es tan desproporcionado. Muy lejos estoy de esta tesis ya que el TSJC hace pedazos cualquier interpretación mínimamente aceptable de cuáles son los márgenes de un Parlament en una autonomía. Y respecto a la condena en si, no se puede dar por bueno que solo son dos años de inhabilitación cuando lo que hace es liquidar, al menos temporalmente, durante casi dos años, cuatro carreras políticas. Pero el fallo del tribunal cojea, además, por contradictorio, con la sentencia de once años de prisión impuestos a la presidenta Forcadell por el Tribunal Supremo. Como ya se ha debatido en diferentes foros políticos internacionales y así se han pronunciado igualmente numerosos parlamentos, la sentencia de Forcadell no tenía explicación posible.

Ahora que se ha conocido la sentencia a los miembros de aquella Mesa del Parlament se da una vuelta de rosca más a la injusticia cometida. Claro que son exagerados los 20 meses de inhabilitación a Corominas, Simó, Barrufet y Guinó ¿pero como se pueden llegar a comparar con los 11 años de prisión de Forcadell? ¿Qué explicación tiene la sentencia de unos y de otros? ¿No sería que la presidenta del Parlament era desde mucho tiempo antes una pieza de caza mayor por su papel al frente de la Assemblea Nacional Catalana, la entidad soberanista que puso en marcha, junto a Òmnium Cultural, las primeras manifestaciones multitudinarias de los 11 de Setembre? La represión se cebó de una manera exagerada en Forcadell y ahora aquella sentencia, en contraposición con la de los cuatro miembros de la Mesa, no aguanta explicación posible.

Una última reflexión: el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado habían solicitado las mismas penas para los cuatro acusados que ha acabado fallando la Sala de lo Civil y Penal del TSJC. Que la Abogacía del Estado acabe alineándose con el la fiscalía da una idea de hasta qué punto el gobierno del PSOE valida con los organismos que de él dependen la represión contra el independentismo. Por ahí la tan cacareada desjudicialización de la política no va a ningún sitio. Y para rematarlo, de la amnistía tampoco se puede hablar, según el PSC, en el Parlament. Lamentable.