Veinticuatro horas después del acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts por el cual Pedro Sánchez sacaba adelante los principales decretos-ley, el ómnibus y el anticrisis, a cambio de una serie de cesiones políticas a la formación de Carles Puigdemont que van desde la delegación de competencias a Catalunya en materia de inmigración, mediante el artículo 150.2 de la Constitución; la supresión del artículo 43bis de la ley de enjuiciamiento civil, que, según algunas interpretaciones jurídicas, podía ser una amenaza para la amnistía; y la reforma de la ley de sociedades de capital, mediante la modificación en Consejo de Ministros del real decreto del PP del 2017 para que las empresas puedan volver a Catalunya, el impacto político no ha amainado tanto en Madrid como en Catalunya.
La respuesta del PP ha sido convocar una manifestación en Madrid, el último domingo de enero, para expresar su rechazo a este nuevo pacto: los populares han anunciado que llevarán a cabo una ofensiva política, judicial y social sin descanso. La del PSOE ha estado más dedicada a calmar el malestar de Esquerra Republicana por haber quedado fuera de la foto en esta negociación, la primera significativa celebrada en el Congreso de los Diputados. Y el partido de Oriol Junqueras ha combinado la estrategia de minimizar el pacto alcanzado por sus rivales electorales con sesiones de diván tras ver las portadas de la prensa de este jueves en Madrid y Barcelona. En el esquema de los republicanos, no había ningún premio a repartir y en el perímetro del terreno de juego con el PSOE solo estaba el votar sí o no a los decretos. Tras confirmar su voto afirmativo y con el convencimiento de que Junts votaría que no, lo único que parecía claro es que los decretos serían rechazados.
Ahora se han encontrado con que los decretos han salido adelante —Junts sigue en el tablero de la negociación con el PSOE— y, además, ha sacado un rédito suficiente, al menos, para pasearse por las radios y televisiones catalanas tratando de hacer evidente que sus votos en Madrid tienen un precio. Que esto sea poco o mucho, queda a la opinión de cada uno; pero como que las formaciones políticas se mueven por estados de ánimo, unos se recreaban viendo como se vociferaba en Madrid contra ellos, mientras ERC cargaba con el silencio sobre su política en la capital española y la pesada mochila del Govern con múltiples patatas calientes en las áreas de Salut y Educación, así como una sequía que no da tregua.
Junts sigue en el tablero de la negociación con el PSOE y evidencia que sus votos en Madrid tienen un precio
Para acabar de poner una nueva guinda a la jornada, un observatorio sociológico, el Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) —un think tank de la órbita política del PSC, que tiene como presidente al rector de la UAB, Javier Lafuente, y como vicepresidenta a la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret— revela que Carles Puigdemont sería el candidato preferido para ocupar la presidencia de la Generalitat para el 19% de los encuestados. Al ser preguntados por un único nombre, citaron al líder de Junts, sin recibir ninguna sugerencia.
El estudio del ICPS tiene, obviamente, un valor relativo, ya que no hay elecciones y, hoy por hoy, Puigdemont tampoco es candidato. Pero en un momento en que todos los signos tienen su importancia, un aval de esta naturaleza insufla confianza en la línea política trazada actualmente por Junts. Llama la atención el hecho de que entre los votantes de Esquerra, Puigdemont obtenga más apoyos (19,3%) que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, con un 16,9%. Eso sí, ambos muy por detrás de las simpatías del electorado de ERC por Oriol Junqueras (34,1).
En una política tan líquida como la actual, todo es efímero y se equivocará quien dé cosas por definitivas e inamovibles. Pero también errará quien se niegue a estudiar los cambios subterráneos de movimientos electorales que se puedan producir en función de los aciertos o errores que cada partido pueda hacer. O, para ser más precisos, de las percepciones que la ciudadanía pueda tener.