Varios de los presos políticos actualmente en una injusta situación de prisión provisional en Lledoners han pedido que comparezca como testigo en el juicio del 1 de octubre el rey Felipe VI. No es una extravagancia aunque difícilmente prosperará. Hay motivos suficientes para la petición de las defensas, muy especialmente por su discurso televisivo sobre la situación de Catalunya del 3 de octubre, un elemento que el Tribunal Supremo debería tener mínimamente en cuenta. Aquella intervención televisiva del monarca fue capital y ahora, más de quince meses después, se dispone de información suficiente para que se abran dos vías nuevas: primera, su contundencia no fue otra cosa que un respaldo al clima nacionalista español del A por ellos, hasta el extremo que, a partir de aquel momento, la tipificación penal de lo acontecido subió varios escalones hablándose abiertamente de sedición y rebelión con penas mucho más altas.

En segundo lugar, y fundamental, el discurso fue idea y obra del propio jefe del Estado español. Se gestó en la Zarzuela, hubo alguna oposición de la Moncloa al estilo Mariano Rajoy pero Felipe VI tiró adelante. Tiene alguien que explicar este suceso de la historia que está bajo siete llaves y quién sabe si teniendo que decir la verdad como testigos el propio Rey, personal de la Casa Real, Rajoy o su equipo de presidencia aportarían luz. No fue, en cualquier caso, una intervención deseada ni por el gobierno de la época ni por el principal partido de la oposición española. Ello ha pesado ya que al declarar el Rey que el Govern estaba al margen del derecho y la democracia, la capacidad de intervención del Ejecutivo desaparecía.

No hay que hacerse ilusiones ya que el Tribunal Supremo no va a correr ningún tipo de riesgo. Las defensas en su conjunto van a tener todas las dificultades del mundo para poder realizar bien su trabajo. Es una insólita prisión provisional de los acusados lo que coarta y mucho la preparación del juicio. Con un traslado de Lledoners a, seguramente, Soto del Real para acudir cada día al juicio. Y, finalmente, el inconveniente añadido de tenerse que desplazar cada día de la vista desde el centro penitenciario al tribunal. No deja de tener guasa que frente a estas dificultades objetivas y un ensañamiento fuera de cualquier mínimo análisis judicial, se haya contraprogramado, como una información relevante y para intentar contrarestar la injusticia, que el TS no quería que los presos fueran esposados. 

Es obvio que el juicio marcará un antes y un después. Pero estos días que se están presentando los escritos de los abogados defensores de los presos políticos, la fuerza de muchos de ellos es tan apabullante que parece difícil que las tesis judiciales-policiales-mediáticas y de la fiscalía puedan salir adelante. Y que la opinión pública internacional y los observadores que acudan puedan comprar una versión tan alejada de la realidad catalana de aquellas semanas.