Una disputa que tiene mucho que ver con la soberanía y la manera en cómo entiende España su pertenencia a Europa ha propiciado este fin de semana una colisión entre los gobiernos catalán y español a raíz del fuego en el Alt Empordà, en las inmediaciones de Llancà, que ha quemado más de 450 hectáreas y que ha estado activo durante tres días. El conflicto tiene su origen en la petición de la Conselleria de Interior y del director general de Prevenció, Extinció d'Incendis y Salvament de la Generalitat, Joan Delort, que pidió al ejecutivo español que reclamara ayuda a Francia para que dos potentes hidroaviones que estaban aterrizados en Perpiñán pudieran desplazarse a ayudar a controlar el fuego. La explicación de Delort no podía ser más clara: los hidroaviones franceses estaban a quince minutos del incendio, tenían una capacidad operativa muy alta y serían, sin ningún género de dudas, los primeros en llegar al lugar de los hechos y ayudar a controlar el incendio.
Por esas cosas que solo suceden en España, el Gobierno de Pedro Sánchez descartó esta opción sin miramiento alguno y el ministerio prefirió enviar medios procedentes de Huesca, Pollença o Zaragoza antes que pedir ayuda a las autoridades francesas. Curiosa manera de entender la pertenencia a la Unión Europea y de solucionar una situación que, si de algo no va, es de fronteras, de banderas y de hectáreas quemadas. Y, en cambio, sí va de ayuda internacional, cooperación europea y vidas humanas. Porque sí, no ha habido que lamentar, por suerte, la pérdida de vidas humanas, pero en el momento en que se adoptó por parte del ministerio esta absurda decisión no se podía decir a ciencia cierta que no se acabaría descontrolando y que la tramontana, que ha tenido rachas importante estos días, no acabaría haciendo de las suyas.
Por suerte, a las ocho de la noche de este domingo, los bomberos han dado por controlado el incendio forestal de Cap de Creus que ha afectado además de Llancà a los municipios de Selva de Mar y El Port de la Selva y las 350 personas de las urbanizaciones afectadas podrán regresar progresivamente a sus casas. No es la primera vez en los últimos años que el ministerio se resiste a pedir ayuda a las autoridades francesas, como han sugerido las autoridades catalanas, en una actuación que tiene un punto de mezquina y de provinciana. Como si a la hora de intentar controlar un incendio hubiera equipos nacionales y no bomberos profesionales expertos en el conocimiento del terreno y las condiciones más óptimas para actuar.
Acostumbrados como estamos a observar lo difícil que es acordar cualquier tipo de avance del autogobierno con el Gobierno español —obviamente es imposible cualquier tipo de acuerdo que de respuesta al conflicto político o al pacto fiscal, ya que siempre sale la Constitución por en medio—, con excusas a cual más estrambótica, esta de los hidroaviones franceses debería figurar en el Guinness de la estupidez de un Estado centralista y anticuado. Incapaz de comprender desde sus despachos a 600 kilómetros que Perpinyà estaba justo al lado del incendio aunque hubiera una frontera por en medio.