Solo hace falta ver el entusiasmo con el que Esquerra Republicana ha bendecido el acuerdo sobre la empresa mixta, que se constituirá a partir de diciembre de 2025, para hacerse cargo de la red de Rodalies, para percibir que los socialistas han dado un paso importante en la estabilidad de la legislatura. El gobierno de Salvador Illa, en minoría parlamentaria, ha respondido a uno de los temas que estaban pendientes de la investidura y que el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, había situado dentro del debe del PSC para seguir avanzando en otros acuerdos. Tanto es así que la consellera d'Economia, Alícia Romero, insiste en que el Govern sigue trabajando para presentar un proyecto de presupuestos, cuando en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu del pasado 21 de enero, la consellera-portavoz, Sílvia Paneque, había tirado la toalla respecto a la presentación de las cuentas públicas asegurando que, en aquel momento, no había posibilidades de presupuestos para este ejercicio.

El mismo hecho de que la secretaria general de Esquerra, Elisenda Alemany, quisiera comparecer en la sede de la conselleria de Territori junto a la consellera Paneque, horas antes de la reunión entre el Govern de Catalunya y el español, es la evidencia del resultado positivo del acuerdo, tanto para el PSC como para Esquerra. La fórmula utilizada para el acuerdo de Rodalies es la del consorcio entre las dos administraciones y no la del traspaso a la Generalitat. Así, antes de que acabe este año se constituirá una empresa mixta, con participación mayoritaria de la Generalitat, con un consejo paritario y una presidencia nombrada por el Govern de Catalunya, que tendrá voto de calidad, tal como recogía el acuerdo cerrado entre republicanos y socialistas. Con todo, aquel pacto deja claro que las decisiones estratégicas se deberán adoptar por mayoría cualificada o lo que es lo mismo: que ninguna de las dos partes podrá tirar adelante unilateralmente ninguna decisión de las consideradas fundamentales y será obligado tener un acuerdo.

El gobierno catalán tendrá muchas más competencias, pero no las tendrá todas. El gobierno español cede, pero no lo cede todo. Se reserva el comodín en forma de mayoría cualificada. El histórico de los últimos años en el tema de Rodalies por parte de los sucesivos ministros de Transportes es desolador, ya que un teórico traspaso de Rodalies ya entró en vigor el 1 de enero de 2010 con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa y José Montilla en la Generalitat siendo ministro José Blanco y conseller Joaquim Nadal. O sea, más de quince años con el traspaso yendo de aquí para allá y las hemerotecas de la época son, ciertamente, un pozo de sabiduría que envejecen tirando a muy mal. No tiene por qué repetirse ahora la misma situación, ya que otros son los personajes, otras las necesidades parlamentarias y otra la situación del servicio, auténticamente explosiva desde el punto de vista de la percepción de los ciudadanos, el mejor termómetro para adoptar decisiones políticas.

El gobierno catalán tendrá muchas más competencias sobre Rodalies, pero no las tendrá todas

Con el consorcio entre los dos gobiernos para hacerse cargo de Rodalies encarrilado, los socialistas van a tener que abordar la verdadera prueba de fuego, que no es otra que la financiación singular de Catalunya. Una batalla compleja en Catalunya y también en España. En Catalunya, con Junts per Catalunya considerando insuficiente cualquier acuerdo que no se asemeje al concierto económico. Y en España, con el Partido Popular en contra y la gran mayoría de autonomías, empezando por la de Madrid, gestionadas igualmente por los populares. Por en medio, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que lleva desde hace unas fechas el sombrero de secretaria general del PSOE de Andalucía y que se postula como candidata frente al presidente Juanma Moreno. ¿Alguien cree que Montero va a llevar el desgaste político que le supone y situarse al lado de las reivindicaciones de PSC y Esquerra siendo candidata a la Junta de Andalucía?

Este lunes, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) se ha pronunciado en contra de la cesión de más competencias tributarias para Catalunya. No es la primera vez que pasa, pero es un ejemplo de las resistencias del Estado a cualquier cambio profundo en el statu quo. Al final, ellos nunca pierden. Y, menos, lo ponen fácil.