A última hora de este domingo, cuando ya expiraba el plazo para el inicio, a las cero horas de este lunes, del primero de los siete días de huelga de Rodalies, Renfe y Adif, los representantes del ministerio y los sindicatos ferroviarios —CC. OO., UFT, CGT, SEMAR y SF-Intersindical— han llegado a un acuerdo para que no se lleve a cabo. La protesta había sido convocada contra el traspaso de los trabajadores de Rodalies y Renfe Mercancías a una empresa pública de gestión mixta entre el Estado y la Generalitat de Catalunya. Como resultado del acuerdo alcanzado, y del chantaje realizado, que habría supuesto cancelar cerca de 1.400 trenes de viajeros, los trabajadores seguirán dependiendo de Renfe transitoriamente, lo cual, en principio, da satisfacción a sus pretensiones. 

Aunque en todo momento se había garantizado el mantenimiento de los derechos laborales, parecía que ello no era suficiente. Los sindicatos mantenían una convocatoria de huelga para los días 17,19,24,26 y 28 de marzo, así como el 1 y 3 de abril, con paros totales o parciales. Y si los derechos de los trabajadores no se veían afectados por el traspaso a la Generalitat, es obvio que entonces estamos ante un pulso político con una única conclusión: "las administraciones no pueden hacer lo que quieran, nuestro futuro solo lo decidimos nosotros". Un pulso que todo indica que va a continuar pese al acuerdo in extremis de este domingo.  Porque lo que pone de manifiesto la propuesta del ministerio de Transportes aceptada por los sindicatos, desconvocar la huelga a cambio de mantener a los trabajadores ferroviarios bajo el paraguas del Grupo Renfe, es un esquema en el que hay una administración de primera, (la del Estado) y otra de segunda (la catalana).

El silencio de los partidos catalanes involucrados en el traspaso de Rodalies —PSC, ERC y comunes— ante la oferta del ministro Óscar Puente hace pensar que la fórmula de que los trabajadores de Rodalies transferidos queden bajo el paraguas del Grupo Renfe ya les parece bien. O, a lo mejor, callan para no aparecer en la diana de un conflicto que tiene por delante más obstáculos que hojas tiene el calendario. Ya que no hay por delante solo el conflicto laboral sino un servicio técnico deplorable que acumula problemas a diario, bien sea con retrasos en Rodalies, suspensión de trenes de corta, media o larga distancia, problemas con la catenaria o incidentes diversos, que a veces duran poco y en otros casos duran horas.

El acuerdo de Rodalies evidencia de que hay una administración de primera, el Estado, y otra de segunda, la Generalitat

En cualquier caso, en una transferencia que hace más de 20 años que se persigue desde Catalunya y que ahora se ha logrado parcialmente por el pacto entre el gobierno español, el PSC y ERC, lo que no cabe es la ingenuidad. No es la primera vez que los trabajadores de Rodalies hacen o amenazan con la huelga ante un traspaso. Como tampoco es la primera vez que se recula para evitar problemas aquí o con el aeropuerto de El Prat. Parece como si el Estado tuviera más claro que los catalanes cuáles son las empresas estratégicas y se hubiera puesto a defenderlas a toda costa. Hasta que esta asignatura no sea superada, difícilmente Catalunya podrá tener un control sobre su desarrollo en infraestructuras y realizar una planificación sobre su futuro. O sea, pasar a jugar la partida que juegan y deciden los Estados.