En ningún país de nuestro entorno europeo han sido tan importantes los movimientos de los militares como en España para acabar con situaciones democráticas. Los que tenemos una cierta edad recordamos perfectamente lo que se daba en denominar ruido de sables tras la muerte del dictador Francisco Franco y al inicio de la transición, lo que con más o menos intermitencias duró hasta el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. El mensaje desde los cuarteles siempre era el mismo: temor a las autonomías de Catalunya y el País Vasco, peligro de desintegración de España y exceso de poder para la izquierda, que en aquella época representaba el Partido Comunista de España (PCE). El 23-F cortocircuitó la llegada de los militares al gobierno, ciertamente. Pero la propia estructura del golpe desactivado sirvió para que los partidos hicieran una serie de renuncias que con los años no harían más que hacer encallar cualquier reforma a fondo del Estado. Bien fuera judicial, de las autonomías o, incluso, de los militares.

Hubo mucho de cosmética política y llegamos a pensar que éramos como Francia, Alemania o el Reino Unido y la Covid-19 ha situado al Estado frente al espejo: somos más pobres que ellos y, por tanto, estamos en peores condiciones a la hora de ayudar a los ciudadanos y la calidad de nuestra democracia tampoco es comparable, como certifican diferentes estudios internacionales.

Si el penúltimo incidente tenía que ver con el mundo de la alta judicatura, convertido desde hace un tiempo en el Poder que con su agenda condiciona todos los poderes en España, la última peripecia tiene que ver con un grupo de varias decenas de militares retirados de diferentes graduaciones de los ejércitos de Tierra y del Aire impulsando manifiestos contra el Gobierno y el posible indulto a los presos independentistas, como el conocido este jueves; que tienen al rey Felipe VI como destinatario, o lo hacen partícipe de una carta que habían elaborado. También está la creación de un grupo de WhatsApp denominado La XIX del Aire que agrupa comandantes retirados de la XIX promoción del Ejército del Aire sugiriendo lindezas como el fusilamiento de 26 millones de personas -atribuída al general de división en la reserva Francisco Beca Casanova-, promover un golpe de Estado o el bombardeo de la sede de la Assemblea Nacional Catalana (ANC).

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dejado en manos de la Fiscalía el chat de los militares por si considera oportuno actuar y el exministro José Bono los ha rebajado a un grupo de fachas trastocados. Después de varios días de polémica pública, la fiscalía de la Comunidad de Madrid ha pedido información a Defensa y veremos qué está dispuesta a hacer. Por suerte ha llovido mucho desde aquellos años 70 y los movimientos en los cuarteles tampoco son los de antaño. Ahora bien, esta especie de carta blanca con que cuentan en España determinados sectores a la hora de hacer gala de comportamientos antidemocráticos es enormemente preocupante. Lo vimos aquí con la violencia policial del referéndum del 1 de octubre, con la judicialización de la vida política o la represión que se ha practicado en Catalunya.

Ahora ya no se limitan a cuentas de Twitter con seudónimo, informes policiales sesgados u operaciones Catalunya. Salen decenas de militares en la reserva diciendo verdaderas animaladas y hay quien piensa que esto se resuelve con una regañina. Y mientras, la canciller Merkel ha aprobado un paquete de 89 medidas para combatir la extrema derecha dentro del concepto de democracia defensiva o militante, demostrando una vez más que es perfectamente compatible ser de derechas y luchar contra la extrema derecha. Algo que PP y Ciudadanos no parecen tener muy claro.