Con total impunidad se vienen publicando en los medios de comunicación informaciones acompañadas de fotografías en las que aparecen dirigentes que forman parte del bloque soberanista y que pretenden desvelar una noticia que no se conoce o bien ponerles en un compromiso. Obviamente, no habría nada a decir si se tratara de una información obtenida por medios convencionales. Es decir, fruto de un trabajo de periodismo de investigación. El problema surge cuando el mecanismo no es el habitual y se plantean dudas razonables sobre la implicación de servicios de seguridad españoles o extranjeros en la obtención de la información y lo que se busca, por métodos a veces de dudosa legalidad, es vulnerar la privacidad. Esa información ¿está limpia para su publicación y debe tener un tratamiento de periodismo de investigación?

El contencioso entre el Estado español y Catalunya ha desplazado sustancialmente algunos de los criterios deontológicos conocidos hasta la fecha y, por decirlo suavemente, bajo el paraguas de la lucha contra el independentismo caben cosas que hace muy poco tiempo habrían sido ampliamente denunciadas. Ya no se trata, como hace un tiempo, de informaciones que avanzaban operaciones policiales y detenciones antes de que llegara la policía a los domicilios o a los ayuntamientos.

De esos ejemplos, la hemeroteca, la fonoteca o la videoteca están repletas. Ahora, se publican fotos de políticos de un grado de popularidad más bien bajo en los aviones viajando discretamente a Bruselas, o se tiene acceso a listas de pasajeros que no deberían ser públicas como si se tratara de hipotéticos delincuentes. O se dispone de imágenes de la salida de la embajada de Ecuador en Londres del editor Oriol Soler después de entrevistarse discretamente con Julian Assange. Que rápidamente el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, vincule este encuentro a una desestabilización desde Rusia de la democracia en Catalunya después de haber sido publicado por El País suena a risa pero la cuestión es demasiado seria para tomársela a broma. ¿Es ese el nivel de rigor exigible a los políticos actuales?

Dos ejemplos más: la consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, exiliada en Bruselas, ha dado algunos detalles recientemente sobre su seguridad en las últimas semanas en Barcelona, antes de abandonar Catalunya, y ha denunciado que se le seguía de una manera muy regular y que casualmente unos documentos que entregó para su custodia a un amigo fueron robados tras un asalto a su despacho profesional. O bien, un grupo de periodistas acudió a una reunión con el entorno de Puigdemont y Junqueras y llegó antes una persona avisada que algunos de los reunidos. Una foto de uno de ellos entrando sirvió para fabricar toda una información. Periodismo.