El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado solemnemente en el Congreso de los Diputados que presentará antes de este verano un plan de inversiones tecnológicas y de reindustrialización para alcanzar un gasto en Defensa y Seguridad del 2% del PIB del Estado. Aunque este es un viejo compromiso de su antecesor Mariano Rajoy en una cumbre de la OTAN de 2014, Sánchez ha esquivado la cuestión desde que llegó al Gobierno en 2018, consciente de lo que cuesta casar el ser un atlantista en Europa y depender de Sumar, Podemos, Bildu o Esquerra Republicana en las Cortes españolas. El líder socialista ha garantizado a sus socios parlamentarios que este plan de rearme no irá acompañado de recortes sociales, y se ha mostrado favorable a la creación de un ejército europeo común.

La patada que ha propinado Donald Trump al tablero de la política internacional ha tenido, sin duda, su efecto; y hoy, hablar de defensa, de rearme y de seguridad ha dejado de ser una carpeta de la derecha, por más que Alberto Núñez Feijóo trate de desmarcarse de Sánchez también en este tema. El PP sigue necesitando un hervor a la hora de asumir su posición en cuestiones de política internacional y debería comportarse como lo que es, un socio importante del Partido Popular Europeo. No todo puede ser política doméstica y decir lo contrario de lo que defiende Sánchez para tener una posición propia. Incluso Manuel Fraga o José María Aznar acordaban en el siglo pasado cosas de política internacional con Felipe González.

Resaltada —porque es obligado— la incongruencia del PP, el espectáculo del Gobierno con posiciones tan dispares y en tantos asuntos empieza a ser preocupante. De un gobierno se espera cohesión y que resuelva sus discrepancias de puertas adentro. Se espera entre los que lo conforman —PSOE y Sumar— y de alguna manera también entre los que le dan apoyo parlamentario. Pues no es así. Sánchez nos ha acostumbrado a un esquema diferente que solo le beneficia a él. El ejemplo de la proposición no de ley suscrita entre el PSOE y Junts para transferir las competencias en inmigración o el acuerdo entre Sánchez y Yolanda Díaz para reducir la jornada laborar a 37,5 horas semanales son dos buenos ejemplos. Los socialistas cierran un acuerdo sin garantizar su aprobación final, como si no fuera con ellos. El segundo de los casos aún es más llamativo, porque el PSOE lo que espera es que Junts y PNV la hagan descarrilar.

El espectáculo del Gobierno con posiciones tan dispares y en tantos asuntos empieza a ser preocupante

Eso por no hablar de un tema espinoso y siempre negado por la propia separación de poderes, como es la presión al Tribunal Constitucional para la ley de Amnistía y su constitucionalidad. Los socialistas han dado privadamente todas las garantías de que el resultado iba a ser favorable sin matiz alguno. ¿Están haciendo realmente todo lo posible? ¿No van a quedar flecos interpretables por el Supremo? Todo ello empieza a estar ya encima de la mesa y el PSOE sabe perfectamente que no puede acabar a medias. Que no es casi todos. El reloj de esta última fase del TC ha empezado a correr, así como las posibles fechas en que puede conocerse el fallo y que los socialistas sitúan antes de las vacaciones de verano. Que así lo vean o que les gustaría es algo que solo saben ellos, porque, mientras tanto, el TC se pone de perfil sabiendo una mayoría de sus miembros, quizás, que un nuevo estropicio como el de la sentencia del Estatut es algo que deberían evitar a toda costa.