Por si la justicia española no había sufrido suficiente revolcón con la decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de devolver la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsati, en una decisión tán insólita como excepcional, ya que no hay un precedente en la Eurocámara, este jueves ha caído en plena plaza de la Villa de París de la capital española un segundo obús de dimensiones tan notables como el primero. El Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa llevará al pleno de su Asamblea Parlamentaria un informe en que pide a las autoridades españolas la libertad de los miembros del Govern hoy encarcelados y abandonar los procesos de extradición contra los políticos exiliados.

Ninguna de las dos noticias es irrelevante, antes al contrario, desarman jurídicamente el atropello del Tribunal Supremo, demuestran la importancia de disponer de margen político para plantar cara al discurso monolítico del estado español y desnudan —sí, desnudan— a todos aquellos que acríticamente han comprado el falso relato de golpe de estado, rebelión, sedición y malversación aún a costa de que los líderes independentistas catalanes acabaran en la prisión o en el exilio. Se ha defendido la unidad de España por encima de la legalidad y se ha dado alas a la represión, la violencia y la persecución política y económica. Se ha arruinado a personas y familias, se han divulgado informes de la policía española que no tenían base alguna y, en definitiva, no ha habido tregua para descabezar un movimiento democrático que reiteradamente ha ganado en la urnas lo que se le ha pretendido impedir desde el deep state. 

Se ha hecho todo eso sin vergüenza alguna. Imponiendo el relato a través de la coacción y las amenazas. Y hoy viene el informe del Consejo de Europa, del que, por cierto, el ponente es un socialista. Y lo que hace es analizar las situaciones de España y Turquía donde se destaca que "la simple expresión de opiniones independentistas no debe ser objeto de persecución penal". Y que las autoridades españolas se han de abstener de exigir a los políticos independentistas que repudien sus opiniones políticas para conseguir un régimen carcelario favorable o una oportunidad de indulto. En la comisión del Consejo la petición de libertad de los encarcelados y de retirada de las euroórdenes ha salido adelante por 21 votos a favor y 6 en contra.

La partida europea se está decantando ya claramente a favor de los políticos independentistas. De nada sirve el enorme esfuerzo de la prensa escrita para esconder esta realidad y dar pequeño en portada o incluso no dar que Puigdemont, Comín y Ponsatí han recuperado la inmunidad cuando hace unos meses era el tema más destacado de la primera página. Eso hoy sirve para poco más que hacer el ridículo. Hoy sabemos a ciencia cierta que los políticos exiliados no serán nunca extraditados a España, que el Supremo ha perdido definitivamente la batalla, que la justicia europea enmendará la sentencia del Supremo y que no hay dinero suficiente para recuperar la imagen de España en Europa. Se ha impuesto la tesis de que ha habido persecución política del independentismo y que la justicia española ha actuado con una clamorosa parcialidad.