El fallo del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos favorable al expresidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y dos miembros de la Mesa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, supone una desautorización explícita y contundente del Gobierno español, de su justicia a través del Tribunal Supremo que dictó la sentencia de inhabilitación de los tres diputados y, finalmente, también del Tribunal Constitucional, que les denegó el amparo. Atutxa, Knörr y Bilbao pueden respirar tranquilos. Han transcurrido 14 años pero el tribunal de Estrasburgo ha devuelto las cosas al sitio del que no debieron salir nunca: no había un marco jurídico para acusarles de desobediencia a una autoridad judicial y mucho menos para inhabilitar a los tres parlamentarios vascos por no haber disuelto el grupo de Sozialista Abertzaleak (SA).

Hace falta situarse por unos instantes en la situación política de hace más de una década: eran años de mando en plaza de Jaime Mayor Oreja en el Partido Popular del País Vasco y de una fuerte alianza personal y política con el entonces líder socialista Nicolás Redondo Terreros. Los dos tenían un idéntico objetivo: desalojar a la izquierda abertzale de las instituciones propiciando su ilegalización. Algo que años más tarde acabaría dando su rédito con la llegada del socialista Patxi López a la presidencia del gobierno vasco de la mano del PP. Atutxa, Knörr y Bilbao desacataron la sentencia del Supremo, la inhabilitación trastocó sus vidas políticas y también personales. Perdieron mucho y, quizás, por eso este martes su satisfacción era mayor. Digan lo que digan unos y otros, aquella sentencia no tenía consistencia y la actuación del Constitucional no prestándoles amparo ha sido definitiva. Veremos, dentro de unos años, cómo la justicia europea inicia un proceso similar de desimputación de lo que han fallado los tribunales españoles con motivo del proceso independentista catalán.

El Estado ha sido multado con un euro, una cantidad simbólica pero que en la España actual no hay que despreciar ya que, paradojas de la vida, hace muy pocos días el Banco Santander pudo comprar por esta cantidad el Popular. Corren malos tiempos para la justicia española con un responable político, el ministro de Justicia Rafael Catalá, reprobado por el Congreso de los Diputados, igual que el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza. La moción de censura presentada por Pablo Iglesias contra Mariano Rajoy nos ha dejado, en la primera jornada de este martes, sobre todo tres carpetas encima de la mesa: la corrupción política, el problema territorial español y el descrédito de la justicia. Todo ello entre graves acusaciones por la falta de independencia del poder judicial y el cuestionamiento de sus sentencias fruto de la politización existente. Iglesias no desalojará a Rajoy de la Moncloa con esta moción. Pero eso ya se sabía. La soledad política del presidente, con el único apoyo incuestionable de Ciudadanos, puede ser fruto de un día o un síntoma de una nueva legislatura. Si es eso último, Rajoy tiene motivos para estar preocupado.