Que la sentencia de cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación a Laura Borràs  por el fraccionamiento de contratos, cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), es desproporcionada y manifiestamente desmesurada, por los dos delitos que el TSJC considera probados de prevaricación y de falsedad documental, es algo irrefutable. La sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, presidida por Jesús María Barrientos y los magistrados Fernando Lacaba y María Jesús Manzano, ha emitido una sentencia en mi opinión injusta, compleja, malvada, técnicamente muy discutible y políticamente envenenada para el gobierno español pero también inteligente. Se puede decir que es una sentencia que desplaza una parte del debate de la justicia a la política al introducir una petición al gobierno español, actualmente presidido por Pedro Sánchez, para que indulte a Borràs y rebaje la pena de prisión a dos años para evitar su entrada en prisión.

O sea, que el tribunal que la condena, motu proprio, ya parte de la base de que es desproporcionada la pena de 4 años y medio de prisión. Con lo cual, aquí no hay debate alguno. Al trasladar la petición de indulto el TSJC al Gobierno, si acaba siendo firme este escrito después de las apelaciones correspondientes y tras el último pronunciamiento del Tribunal Supremo, Barrientos pretende dos cosas radicalmente diferentes: la primera, esquivar las acusaciones de lawfare que le van a llover señalando que él es el primero que considera que no debe entrar en prisión. Pero segundo y más importante, pasarle la patata caliente al gobierno español que ya no será el actual por lo poco que queda de la presente legislatura. O será uno nuevo de Pedro Sánchez o bien otro presidido por Alberto Núñez Feijóo con Vox incrustado en el Ejecutivo o, cuando menos, como socio parlamentario del PP.

Barrientos hace así un quiebro interesante y desplaza, así se verá en los próximos días más claramente, el foco que hoy tiene el TSJC al Supremo y si este no toca los trazos principales de la sentencia, al PSOE y al PP. Nos hemos de preparar para escuchar grandes declaraciones del Gobierno y de la oposición en los próximos días y sobre todo cuando entremos de lleno en las elecciones españolas sobre la cuestión. Y sobre cuál será su posición que, en parte, ya se puede avanzar: es un caso de corrupción y el indulto es improbable en el futuro. En el caso de Feijóo denlo por descontado y con muchos menos matices. En el de Sánchez no abrirá una espita públicamente cuando no sabe ni si tendrá opciones de continuar en la Moncloa tras las próximas elecciones generales.

Porque una de las cosas que sí es segura es que, yendo deprisa, es difícil que esta carpeta del indulto llegue a la mesa de un Consejo de Ministros en un plazo inferior a un año ya que el Supremo tiene sus tiempos y estos no son precisamente rápidos. Aclarado el tema judicial, vamos al político. Es evidente que con la sentencia del TSJC emitida, no pasarán muchas horas antes de que la Junta Electoral Central (JEC) intervenga, retire el escaño del Parlament a Borràs y se abra el período de su sustitución en la presidencia de la cámara. Aunque Junts oculta sus cartas a la espera de que la JEC haga los deberes, nadie duda de que no renunciarán al cargo que tienen e intentarán negociar con Esquerra Republicana y con la CUP que uno de sus parlamentarios esté al frente de la segunda institución de Catalunya. Indiscutiblemente, el nombre será la alcaldesa de Vic, Anna Erra.

En una situación normal, pasar de las conversaciones que ya han habido a las negociaciones no debería ser, en condiciones normales, un problema insalvable. Pero es evidente que la salida de Junts del Govern mantiene una incertidumbre sobre el movimiento de Esquerra, que puede darle calabazas. Si es así, los comuns no jugarán la partida con Junts y la CUP podría ser que tampoco. Entraría en juego entonces el PSC que sabe que no tendrá la presidencia pero podría tener una capacidad de decisión importante. Respecto al tema de la presidencia del partido y la continuidad o no de Borràs, Junts se mueve entre dos decisiones teóricamente malas: esperar que pasen las municipales, con el coste de escuchar durante las próximas semanas y hasta el 28 de mayo que al frente del partido está una presidenta condenada por corrupción. O forzarla a dimitir antes de las municipales. El camino será el primero y el tema quedará aparcado, al menos, hasta junio.