Oigo estas semanas hablar de la sequía a todas horas a nuestros gobernantes y a los políticos en general y ello, lejos de tranquilizarme porque algún iluso puede llegar a pensar que ya se han concienciado, me preocupa. Quiere decir que la cosa es mucho más alarmante de lo que dicen y que les ha cogido el toro entreteniéndose en asuntos que pueden tener mayor lustre informativo. Porque, al final, en eso que denominamos el territorio, siempre hay quien piensa que, al final, tampoco hay tantos votos y no despierta hasta que el problema está entrando por la Diagonal y la Meridiana. A lo mejor, ya estamos en este punto y han visto que van tarde. Que las advertencias que les habían hecho desde hace años sectores con intereses en muchas ocasiones tan diferentes como la pagesia, es decir, la agricultura y la ganadería, los colegios profesionales o las patronales, Unió de Pagesos o Agbar, la empresa referente en el sector de la gestión integral del ciclo del agua y del medio ambiente, y que tan alegremente habían sido despreciadas, ya están aquí y las medidas aún están por aprobarse.

Porque nadie con conocimiento de causa puede pensar que el decreto contra la sequía  convalidado este miércoles por el Parlament para su tramitación como proyecto de ley, con los únicos votos de los 33 diputados de Esquerra Republicana y uno más de un diputado no adscrito procedente de Vox, sea una respuesta apropiada al problema planteado. Los 79 votos de los diputados que se abstuvieron -PSC, Junts, En Comú Podem y la CUP- deberán mejorar el decreto y dar una respuesta realista a la gravedad actual. Seguramente, si no hubiera sido porque a finales de mes está convocada la cumbre contra la sequía en el Palau de la Generalitat, el decreto hubiera sido rechazado por PSC y Junts fundamentalmente por dos razones: la primacía del régimen sancionador y la más que difusa obligación de colaboración con los ayuntamientos. Esto se corregirá en el trámite parlamentario y a ello se ha comprometido el Govern.

Pero lo más importante, el cambio radicalmente cultural que el país debe hacer ante el tema de la sequía para no estar pendientes de si llueve más o llueve menos es planificar con urgencia las inversiones necesarias para reutilizar el agua, impulsando así el agua regenerada. No somos un país rico y los recursos no son ilimitados. Pero tampoco somos un país pobre que está condenado a no poder luchar contra nada. Es, como siempre, un tema de prioridades con los recursos propios a la hora de repartir un presupuesto, de negociar con acierto, de perseverancia e inteligencia y de fuerza política bien empleada a la hora de exigir lo que toca a Catalunya de los fondos europeos Next Generation.

No es la primera vez que Catalunya aborda en este siglo una situación similar a la actual. En 2008 sucedió algo parecido, con los embalses en una situación parecida a la actual, y aunque se adoptaron algunas medidas —desaladoras, fundamentalmente— solo se recuerda la visita del conseller de Iniciativa Francesc Baltasar al monasterio de Montserrat para rezar una plegaria pidiendo que lloviera, cosa que sucedió. Alguien debió pensar entonces que la próxima sequía se abordaría igual, porque lo que se ha hecho en los últimos quince años desde el Govern es poco, por utilizar un calificativo generoso. Habrá que invertir e invertir mucho en los próximos años si queremos dejar de depender de la lluvia y dar un empujón de verdad al uso del agua regenerada.

A principios de marzo, el director de la Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, reconoció que se podía haber actuado antes contra la sequía, y, en estos momentos, más de 200 ayuntamientos están como medidas excepcionales para luchar contra la sequía y más de 6 millones de catalanes tienen un grado u otro de afectación. Se ha prohibido el uso del agua para muchas cosas después de casi 30 meses de sequía. Los ciudadanos que sufren parcialmente esta situación pueden llegar a entenderlo. A los afectados en su única manera de ganarse la vida se les tendrá que compensar. Pero al Govern habrá que exigirle que se ponga las pilas, que consensúe y coopere con ayuntamientos, entes locales y las compañías que pueden aportar soluciones. Porque el tiempo se les está acabando.