Desde que se supo el jueves la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra y la condena contra los cinco integrantes del grupo la Manada por abuso sexual y no por violación, la reacción de la opinión pública española ha superado al Gobierno y a las instituciones. Más de 1,2 millones de personas han firmado en dos días una petición en Change.org dirigida al Tribunal Supremo para reclamar la inhabilitación de los tres magistrados que emitieron la sentencia. Las calles de todas las capitales han sido ocupadas por manifestantes indignados y, de nuevo, se ha puesto de manifiesto la desconexión entre la gente y sus políticos, los ciudadanos y sus instituciones.

Frente a ello, el Gobierno ha balbuceado iniciativas legislativas y poca cosa más. El Tribunal Supremo ha protegido a los jueces de Pamplona y su presidente, que también lo es del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha exigido respeto a los políticos y ha señalado que las críticas pueden comprometer gravemente el sistema y la confianza en la justicia. Y la Asociación de Fiscales ha considerado desproporcionada la respuesta de los ciudadanos contra los magistrados. Puro corporativismo. Nada nuevo, pero un ejemplo más de que la justicia tiene un largo trayecto por delante y no puede permanecer tan alejada de la realidad.

La sentencia ha sido una aberración y mirar de proteger a los que la han escrito tan solo hace que devolver la justicia española a un pasado que lamentablemente cada vez parece menos pasado. A los componentes de la Manada no se les ha hecho justicia, se les ha perdonado la gravedad de sus hechos.

Y se han equivocado los jueces con su corporativismo, el Gobierno con sus inseguridades y la jefatura del Estado con su silencio. Los que hoy sostienen que deben callar son los mismos que le empujaron a hablar el pasado mes de octubre tras el referéndum en Catalunya. Debe ser que es más fácil salir en defensa de la represión policial que se produjo el 1 de octubre que en defensa de una joven desprotegida violada por un grupo de energúmenos. El problema es que una vez entras en el camino de las declaraciones, cuando callas también hablas. Aunque la corte no te lo diga.