España se ha convertido en un país en que una sala del Tribunal Supremo puede dictar una sentencia fuera de la legalidad —lo acaba de declarar con estas mismas palabras el magistrado emérito del alto tribunal, José Antonio Martín Pallín— e inhabilitar así al president de la Generalitat, Quim Torra. En paralelo, la Abogacía del Estado acude rauda a elaborar un informe a petición del Gobierno en el que se concluye lo que quería que se concluyese quien lo había encargado: que el Boletín Oficial del Estado no tiene por qué publicar el cese del president de la Generalitat, obviando que siempre se ha publicado y que este conejo recién sacado de la chistera no existía hasta hace unas pocas horas. Y si abrimos el foco, el drama es aún mayor: se inhabilita al president de la Generalitat por colgar durante unas pocas horas de más en el balcón del Palau de la Generalitat una pancarta pidiendo la libertad de los presos políticos y, al día siguiente, la Audiencia Nacional absuelve a los 34 acusados en el juicio por la salida de Bankia, importando bastante poco que acabara costando a los ciudadanos más de 21.000 millones el rescate de la entidad financiera.

Hay más ejemplos, claro está, como el escandaloso comportamiento de la justicia con el rey emérito y la corrupción de la monarquía española, donde el tapón para cualquier investigación está sellado a cal y canto. Pero el tema es Torra. El frame informativo es Torra y las bofetadas son para el presidente catalán. De ahí las prisas por hacerlo desaparecer lo más rápidamente de la escena pública y abrir cuanto antes mejor el escenario electoral, punto en el que vuelve a entrar el BOE. ¿Por qué el gobierno español no publica, como se había considerado preceptivo hasta la fecha, el cese de Quim Torra tras la ratificación por parte del Supremo de la condena dictada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y ya notificada al president? ¿Será que tiene miedo a que el Constitucional acabe aceptando las cautelarísimas y todo el camino andado para apartar a Torra se tenga que desandar? Nadie da un duro por esta última posibilidad, y yo tampoco, pero la guerra entre el Supremo y el Constitucional es de sobras conocida y quizás por eso el Gobierno quiere ser cauto. La sombra de Torra, ya inhabilitado, ronda la Moncloa.

Porque lo que es evidente es que la justicia europea acabará declarando nulo el cese de Quim Torra y nadie está cómodo con la decisión del Supremo. No está cómodo Sánchez, a quien aunque ya le viene bien que Torra no esté, igual no desea dejar su firma y la del Rey en el BOE antes de que el Constitucional se pronuncie. Las chapuzas tardan en quedar en evidencia, pero al final acaban saliendo a la luz, y este es un caso meridianamente claro. Tampoco hay que descartar que mañana cambien de criterio pero en estas horas reina una extraña prudencia, algo que no se había visto hasta que el Supremo derrocó a otro presidente catalán y situó de nuevo a la justicia española fuera de los baremos occidentales. Todo ello sin olvidar que el Supremo y el Constitucional se miran de reojo desde hace un cierto tiempo y, por ejemplo, el presidente del TC no estuvo el pasado viernes en el polémico acto de entrega de despachos a los nuevos jueces al que el Gobierno prohibió al Rey acudir. Y en estas altas esferas, nada es casualidad.

P.D. Con el artículo ya acabado, me llega la noticia de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se han puesto de acuerdo. Illa ha estado en contacto permanente con Ayuso desde hace varios días para hacerle entrar en razón y aplicar medidas de confinamiento en la comunidad para revertir las espantosas cifras de expansión de la pandemia. Por la mañana, la FAES de José María Aznar le había propinado un viaje al ministro señalando en un escrito que "se comprende el valor simbólico que para la actual formación del Gobierno puede tener el que un catalán socialista amenace con cerrar Madrid". Más allá de escandalizarme por la dimensión del ataque de la FAES y por cómo estaba de nuevo sembrando cizaña territorial la derecha extrema tampoco le di más importancia. Pero lo cierto que la FAES hizo diana e Illa, después de unos días marcando el paso a Ayuso, aflojó, y mucho. El resumen del acuerdo entre el ministro y la presidenta madrileña consiste en que el Gobierno ha pactado con Madrid aplicar las mismas restricciones en todos los municipios de más de 100.000 habitantes en todo el Estado. De un plumazo, y para satisfacción de Madrid, la autonomía que se había logrado con la autorización para decretar los estados de alarma había saltado por los aires. Bien, bien, podría ser un chiste de Eugenio: ¿saben aquel de un problema entre el gobierno español y Madrid y quien acaba pagando los platos rotos? Seguro que lo saben.