Pesimismo. Mucho pesimismo. Este es el único análisis que se puede extraer de los nuevos datos de crecimiento de las economías europeas que ha ofrecido este lunes la Comisión Europea. España sigue a la cola y será el último país de la eurozona en lograr la recuperación de los datos prepandemia, algo que no se producirá hasta finales de 2023. El Ejecutivo comunitario ha vuelto a desarbolar los datos del gobierno español con un cuadro de la economía preocupante. Así, el crecimiento que para este año era del 5,6% lo ha dejado en un 4% pelado y ha pronosticado una inflación del 6,3% para este 2022. Los pronósticos aún pueden ser mucho peores si se acabara complicando el suministro de gas ruso y se produjera un corte total en las conexiones con Europa. Entonces, la inflación quedaría por encima del 9% y el PIB de la eurozona se hundiría bruscamente.
Teniendo en cuenta que las últimas previsiones la Comisión Europea las había realizado a principios de año, es bastante evidente que el deterioro de la economía ha sido rápido y repentino. Aunque la guerra de Ucrania y la invasión que ha llevado a cabo Rusia ocupa cada vez menos espacio informativo en las portadas de los diarios de papel, las consecuencias ahí están y han venido para quedarse. El polvorín bélico a unos pocos miles de kilómetros tiene otras derivadas que conforman una situación de una enorme dificultad: el aumento de golpe de los precios de la energía, la falta de materias primeras y, de una manera muy especial, la que empieza a ser una crisis alimentaria planetaria que ha disparado los precios y ha llevado a importantes países, como por ejemplo, la India, a aplicar medidas desconocidas en los últimos tiempos para controlar las exportaciones de trigo, siendo como es el segundo mayor productor mundial de este cereal esencial por detrás de China.
La crisis económica no puede separarse de la crisis política y España lleva un mes en todos los medios de comunicación internacionales con el CatalanGate, el mayor caso de espionaje internacional descubierto hasta la fecha y que tiene en la persecución del independentismo catalán su razón de ser. Una y otra crisis se retroalimentan con un gobierno desnortado y un presidente que proclama una y otra vez que España es motor de transformación a pesar de todas las adversidades. Sin embargo, la realidad está lejos de acompañar a Pedro Sánchez, que tiene en el horizonte unas elecciones enormemente difíciles como las de Andalucía, hasta hace muy poco tiempo granero electoral socialista y hoy feudo del Partido Popular. Una victoria aplastante de Juanma Moreno dejaría al PSOE grogui en un momento clave de la legislatura que igual no podría completar.
Sánchez contaba con los fondos New Generation para remontar la situación y, lejos de todo ello, la centralización empleada por su gobierno en la distribución de tantos miles de millones, lo que ha acabado provocando es una protesta generalizada de las autonomías, empezando por Catalunya, que gestiona el 7,8% de los fondos europeos cuando le correspondería por el peso del PIB alrededor del 19%. Más de 11 puntos de diferencia, más del doble de lo que recibe; estamos hablando de muchos miles de millones. No han sido, por tanto, la panacea que pensaron en la Moncloa, ni una rampa de relanzamiento de la economía. El incremento del gasto social sirve para aminorar el impacto de la crisis en los sectores menos favorecidos pero, como contrapartida, no ayuda a contener las dificultades económicas. Tanto es así que pese a que la deuda pública se haya multiplicado de una forma estratosférica, cuatro veces entre 2008 y 2021, no está sirviendo de nada a la hora de dar herramientas a las empresas, a las pymes y a los autónomos para hacer frente a la crisis.