Aunque el Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha aprobado el dictamen para levantar la inmunidad de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, no todo ha sido miel sobre hojuelas para la maquinaria española que componen PSOE, PP, Cs y Vox en la Cámara de Bruselas. Nadie esperaba un titular diferente, ya que en el Parlamento Europeo, los estados y las familias ideológicas tienen un peso enorme. Sin embargo, hay que destacar dos cosas: nunca en la historia de la Eurocámara había sido tan bajo el porcentaje de diputados de la comisión que votaban a favor de aceptar un suplicatorio (15 de 25 eurodiputados) y, si descontamos que en dicha comisión hay cinco miembros de PSOE, PP y Cs que votaron como un solo hombre, resulta que de los 20 que quedan solo la mitad, diez, han estado de acuerdo con levantarle la inmunidad a los tres eurodiputados independentistas catalanes. Que ese hecho se haya producido un 23 de febrero, en el cuarenta aniversario del golpe de los Armada, Milans del Bosch y Tejero, tan solo es la guinda de un pastel de una España desvertebrada y con problemas graves de sólidos valores democráticos que ensalza al rey huido entre los aplausos de los diputados del régimen del 78 mientras en la calle se reclama libertad de expresión, se encarcela a cantantes y se persigue al independentismo catalán en una espiral de represión que parece no tener fin.

Con muy pocos mimbres, el independentismo catalán ha conseguido introducir el mensaje en el Parlamento Europeo de que en España los tres eurodiputados no tendrían un juicio justo. No le iba cualquier cosa al deep state en esta batalla y era del todo descartable un revolcón de la Cámara, que componen hasta 27 estados. Pero sí que ha habido un toque de atención significativo que solo se ha amortiguado por la presencia masiva de miembros españoles en la Comisión —cinco (dos del PSOE, dos del PP y uno de Cs) de veinticinco— para prevenir cualquier eventualidad. Para que nos hagamos una idea: España tiene 59 eurodiputados de los 705 de la Eurocámara y, si se mantuviera la proporción de la Comisión, le tocarían 141. Un número aún más escandaloso si se tiene en cuenta que de los 59 eurodiputados españoles solo 41 están a favor de levantar la inmunidad.

La batalla del Parlamento Europeo se sabía perdida de antemano, aunque después de la votación deja un interrogante alto para saber con qué porcentaje de votos será aprobado en marzo el suplicatorio en el plenario de la Cámara. En este momento, los tres eurodiputados independentistas lo seguirán siendo. La primera consecuencia será la pérdida de libertad de movimientos fuera de Bélgica ya que cualquier estado podría, en teoría, activar la euroorden de extradición. Cerrado este capítulo vendrá la batalla importante, que no es otra que la judicial y una hipotética extradición al Estado español. Aquí, a diferencia del Parlamento de Estrasburgo, Puigdemont, Comín y Ponsatí tienen cartas ganadoras después de la sentencia que emitió la justicia belga respecto al conseller Lluís Puig el pasado mes de enero, en la que denegó de manera definitiva su extradición.

Nada apunta a que los tres eurodiputados independentistas no tendrán un recorrido judicial similar al que ya se produjo con Puig en el Tribunal de Apelación de Bruselas. Si así fuera, el tema quedaría definitivamente zanjado y solo faltaría que el Parlamento Europeo les restituyera la inmunidad que se les habría levantado. Cosa que sucedería una vez la justicia europea hubiera estudiado los correspondientes recursos que se presentarán. Resumiendo: el ruido del Estado con la decisión de la Comisión de Asuntos Jurídicos tiene, más que probablemente, un recorrido muy limitado. Por más que sea un 23-F.