La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dado este viernes un nuevo puñetazo encima de la mesa dejando claro que en España no hay más poder que el suyo. No por esperada y anunciada -la justicia española es la única en que las sentencias son siempre adelantadas por los correspondientes medios de comunicación oficiales- la medida del Supremo revocando el tercer grado de los presos políticos catalanes y también la aplicación de la semilibertad del 100.2 es insignificante. Al contrario. Pone de manifiesto que España es un país en involución permanente y que su democracia solo da pasos hacia atrás. La coincidencia en el tiempo con los pronunciamientos golpistas de decenas de militares de diferente graduación en la reserva no hacen sino reforzar el escarnio que supone verse sometidos a la arbitrariedad judicial.
El estado español lo demuestra día día: no hay camino transitable para el diálogo que no sea un terreno sembrado de bombas a punto para explotar. No hay ninguna voluntad de pasar página y acabar con la represión. Esa es la única realidad desde el otoño de 2017 y los diferentes gobiernos españoles, primero el PP y ahora el de PSOE-Podemos, tienen poco que decir en lo que es la ejecución del poder con mayúscula. Desde el Palacio de la Moncloa, presidente y vicepresidente, gestionan la política que se les hace desde otros sitios, con otros objetivos y, a veces, incluso, contra ellos.
La alta judicatura hace tiempo que se quitó la careta y ahora se ve que el poder que se le dio en 2017 para decapitar al precio que fuera al independentismo catalán era un camino sin retorno. Así, la intervención del Tribunal Supremo en las decisiones de los jueces de Vigilancia Penitenciaria y la revocación de sus decisiones son de difícil justificación -más allá de que sus razonamientos legalmente puedan ser interpretables y sostenibles- después de la contundencia de la sentencia y de que se hayan seguido todos los pasos administrativos preceptivos.
Decir a estas alturas que se les revoca el tercer grado por prematuro o que la suspensión del 100.2 -el artículo que les permitía salir a hacer voluntariado- se basa en su falta de conexión con un proceso de reinserción tiene mucho más que ver con la política que con la justicia. Esta misma noche, Carme Forcadell y Dolors Bassa han ingresado nuevamente en prisión e igual que los otros presos políticos pasan de nuevo a estar en un régimen penitenciario parecido al del primer año de prisión.
¿Cuánto tiempo falta para que el independentismo constate lo obvio? Que el Supremo sigue al mando.