El 10 de abril de 2018, han pasado más de dos años, el informativo de la cadena de televisión Tele 5, el más visto en España, abría su programa de la siguiente manera: "Golpe policial a los Comités de Defensa de la República. La Guardia Civil ha detenido a la que sería la coordinadora de los ataques violentos que provocaron cortes en diferentes carreteras de Catalunya en Semana Santa y que dejaron atrapadas durante horas a miles de personas. La mujer está acusada de liderar estos comités y se le imputan los delitos de terrorismo y rebelión". El día siguiente, el diario ABC titulaba a toda portada y con una foto de Tamara Carrasco entre agentes de la Guardia Civil el siguiente entrecomillado, atribuible para el rotativo a una frase suya en grabaciones obtenidas de manera muy poco legal: "Si paramos el puerto de Barcelona sería brutal". Podríamos enumerar varios medios de información más, ya que muchos de ellos compraron la versión de la Guardia Civil, algo que, por otro lado, ha sucedido en múltiples ocasiones estos años. Ya se sabe: quien impone el primer relato se lleva el gato al agua, en un momento en que pocas cosas están menos en discusión que contra el independentismo vale todo.

Desde aquel día, Tamara Carrasco ha padecido un auténtico calvario por comisarías y juzgados de Catalunya y Madrid: el traslado a la capital de España, ya que al contemplarse los delitos de terrorismo y rebelión la investigación dependía de la Audiencia Nacional. No sería hasta noviembre que el magistrado Diego de Egea cambiaría la calificación por otra de delito de desórdenes públicos y enviaría el sumario a los juzgados catalanes, aunque le mantenía la obligación de seguir confinada en su municipio, Viladecans, circunstancia que se prolongó hasta finales de mayo del 2019, fecha en que el juzgado número 24 levantó el mantenimiento del confinamiento. Y finalmente: la sentencia absolutoria del delito de desórdenes públicos este martes. Casi 29 meses han transcurrido entre el inicio de la pesadilla de la detención y el final del trayecto judicial.

¿Un final feliz?, pensarán algunos. No es cierto. El daño realizado es enorme e irreparable ya que hasta este desenlace final ha habido de todo, pero por encima de cualquier otra cosa un ensañamiento solo explicable por la causa general abierta al independentismo y la voluntad de atajar cualquier protesta y el derecho de manifestación, buscando enmarcarla en los delitos de terrorismo y rebelión. Tamara Carrasco tenía en su domiclio, cuando la Guardia Civil irrumpió en él, al parecer, un pito y una careta del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Con estos mimbres se construyó una causa judicial y se le prohibió durante más de un año abandonar la ciudad donde vive. Contra otro miembro de los CDR, Adrià Carrasco, que se marchó a Bélgica cuando la Guardia Civil estaba a punto de detenerle en su casa de Esplugues por cortes de los peajes de la Roca del Vallès y de Vallcarca, también se dictó inicialmente una orden de búsqueda y captura por terrorismo y un año después los cargos serían rebajados a desórdenes públicos

Son demasiados casos los que han acabado así, con una sentencia exculpatoria porque no había por dónde coger las acusaciones. No hablaremos de casos juzgados y con sentencias absolutamente desproporcionadas y que un día Europa enmendará. Tarde, pero lo hará. Frente a toda esa furia represiva del estado español, que cada vez es más conocida internacionalmente, vale de muy poco la creación de grupos de expertos para mejorar la imagen de España en el extranjero como el que este lunes ha anunciado la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. La reputación de España ya la intentó mejorar Josep Borrell con el engendro de España Global, hoy destinado a otros menesteres, pero que actuó como ariete del Gobierno en el extranjero durante un tiempo. Es mucho más sencillo y barato: acaben con la represión.