El serial de corrupción que persigue a Juan Carlos I y a su familia desde que abandonó la jefatura del Estado sumó este martes un nuevo capítulo al conocerse que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando al rey emérito, a la reina Sofia y a un número indeterminado de familiares -entre ellos varios de sus nietos- por el uso indiscriminado de tarjetas de crédito opacas que remiten a cuentas en el extranjero de las que ningún miembro de la familia era titular. Los movimientos de estas tarjetas de crédito son posteriores a la abdicación del monarca en 2014 y, en consecuencia, no están amparados por la inviolavilidad de que disponía mientras fue jefe del Estado. En cambio, según la justicia española, sí queda protegido en el caso del trapicheo de más de 65 millones de euros con Corinna Larsen, conocida también como princesa Corinna y con la que el anterior jefe del Estado mantenía una relación íntima. Como es sabido, la justicia suiza también sigue una investigación contra el emérito y parece difícil que no tuviera que declarar si el fiscal lo acabara citando, como solicitó Òmnium Cultural  el pasado mes de agosto.

La noticia de las tarjetas opacas, que salpica de lleno a Juan Carlos I y de cuyo hilo puede tirar perfectamente la fiscalía porque se habrían usado estos últimos tres años, se conoce en unos momentos en que se cumplen tres meses de su fuga a los Emiratos Árabes Unidos. Allí, en una lujosa habitación de hotel de este país, permanece exiliado desde el mes de agosto. En los últimos tiempos, ha ganado fuerza la opción de regresar, porque lo han explicado diversas personas con las que ha hablado, algo que generaría un enorme revuelo y que no es del agrado de la familia real reinante y del gobierno de Pedro Sánchez, que tanto hizo para facilitarle un dorado refugio lejos de España, como si se tratara de unas vacaciones al uso de una etapa anterior. Obviamente, esta eventualidad del retorno se hace mucho más pequeña ahora con la publicación de la noticia relacionada con las tarjetas opacas ya que Juan Carlos I podría llegar a encontrarse en una situación judicial incómoda en España.

Pero lo más preocupante de todo ello a medida que pasa el tiempo es comprobar el grado de corrupción al que se habría podido llegar, saltándose todos los límites de la ética exigible como jefe del Estado. No son de recibo declaraciones como las del tenista Rafael Nadal, este fin de semana y que tanto revuelo ocasionaron, señalando que el emérito puede que se haya equivocado pero que había que recordar lo que había hecho por España. Blanquear de esta manera la corrupción de Juan Carlos I es entrar en un camino lleno de espinas ya que los pasivos empiezan a superar claramente a los activos. La Moncloa ha optado por el silencio, algo que tampoco es una novedad ya que los esfuerzos para proteger a Juan Carlos I en los últimos tiempos no han sido precisamente pequeños a medida que por las grietas del edificio de la monarquía entraba cada vez más agua. Tanta, que en muchos artículos y editoriales de la prensa extranjera se cuestiona cada vez más su papel.