La presentación de una querella ante la sala segunda del Tribunal Supremo contra Juan Carlos I por parte de Izquierda Unida y del Partido Comunista (PCE) por "pertenencia a una estructura criminal" y por otros seis presuntos delitos de cohecho, administración desleal, fraude, delito contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias y por actividades y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos es, sin duda, la noticia de los magnos festejos de celebración del 40º aniversario de la Constitución. En medio de todo el boato por una Constitución que tiene unos bajos índices de respaldo ciudadano, no deja de ser llamativo que las tres patas que hicieron mayores concesiones para aceptar la monarquía parlamentaria y una transición a la democracia se sientan hoy tan alejadas que cuestionen sus fundamentos: utilizando el lenguaje de aquella época, los comunistas y los nacionalistas catalanes y vascos.

Y, al revés, los que más en contra estaban son los que se han aprovechado de un texto que actúa como corsé y limitador de derechos civiles y nacionales. Se dice poco, pero cada vez que se habla del apoyo que tuvo la Constitución en 1978 se olvida que todos los que hoy tienen menos de 58 años no pudieron votarla. Traducido a cifras, de los 34,5 millones del censo electoral español, unos 25 millones no pudieron hacerlo. Ya sé que hay otras constituciones mucho más antiguas y, en consecuencia, que las han votado menos personas vivas o tan siquiera ninguna, pero, de todas ellas, la española es la que despierta en su cuerpo electoral y territorial una oposición mayor.

El hecho de que la querella abarque a la examante del Rey emérito, la princesa Corinna; al director del CNI, el teniente general Félix Sanz; a los empresarios Juan Miguel Villar Mir —el suegro del compi-yogui, personaje involucrado, al parecer, en unos mensajes comprometidos con la reina Letizia— y Juan Villalonga; a un primo de Juan Carlos I, al comisario Villarejo, y algún nombre más o menos conocido lleva a la judicatura un debate que ya está presente en la sociedad: los límites de la inviolabilidad del Rey en actos que no tienen nada que ver con la jefatura del Estado. Una auténtica bomba de relojería tanto en su aspecto judicial —que se tenderá, seguramente, a tapar—, como en el político —nunca había habido tantos diputados republicanos en el Congreso— y ciudadano —se ha empezado a llevar iniciativas a municipios y universidades—, además de la ruptura total con las instituciones catalanas y los problemas en territorios como el País Vasco y las Balears.

Los actos en recuerdo de la Constitución han sido sobre todo un prietas las filas por parte de los partidos constitucionalistas, pensando quizás que las enormes grietas que se observan se disimularán mejor. Pero eso hoy ya es imposible.