Quim Torra se sentará este lunes en el banquillo de los acusados por desobediencia al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que le había ordenado retirar una pancarta del balcón del Palau de la Generalitat en la que se pedía la libertad de los presos políticos. La justicia española y la Fiscalía tratan así de embestir al president de la Generalitat y apartarlo del cargo, nada diferente de lo que han hecho con sus dos antecesores, Artur Mas y Carles Puigdemont. Hay, sin embargo, una diferencia de escala con situaciones pretéritas: Mas y Puigdemont eran formalmente expresidentes cuando el aparato judicial se puso en marcha en su contra y, en este caso, se trata de un president al frente de la Generalitat el que puede ser inhabilitado en una causa que rezuma por todos lados motivaciones políticas y persecución de la primera autoridad de Catalunya, ya que la pancarta colocada en el balcón de la Generalitat infiere directamente en la libertad de expresión.

Torra ya ha avanzado que está muy lejos de ir a defenderse este lunes de su actuación y que aprovechará el juicio para acusar al Estado y defender los derechos y libertades de los catalanes como president de Catalunya que es. Tiene, en esta dirección, un largo camino a recorrer que no le servirá para reducir la condena que se le pide, pero sí que situará a la justicia en una disyuntiva cuando menos desagradable: la defensa de la dignidad de la presidencia de la Generalitat contra viento y marea, algo que debe ser difícil de entender para los que no se sienten interpelados por la larga historia de Catalunya y de sus presidents que en los últimos cien años han padecido prisión, exilio, persecución judicial e incluso el fusilamiento de Lluís Companys. Demasiado pasado a las espaldas de Torra para desaprovechar el juicio.

El president Torra llegó al cargo en unas condiciones políticas excepcionales, como son las del exilio o la prisión del anterior gobierno. Como el personaje de ficción Tom Kirkman, un miembro poco relevante del gabinete de los Estados Unidos en la serie de televisión Sucesor designado, Torra asumió la presidencia de Catalunya sin experiencia política alguna y con demasiados enemigos en su contra. Incluso los diarios catalanes que han ido a por él desde el primer día ahora han dado un paso más y piden reiteradamente su dimisión para solventar sus problemas internos. El juicio acabará sirviendo para una cosa más: que el Tribunal Supremo, que es donde acabará la causa, tenga la capacidad, en la práctica, de decidir el calendario electoral en Catalunya.

Las desavenencias del mundo independentista hacen muy difícil que haya un consenso para designar un nuevo president en sustitución de Quim Torra si llega a ser inhabilitado. Todo apunta, en todo caso y llegado a este supuesto, a que se precipite entonces la convocatoria electoral. Sería así la segunda vez que una convocatoria electoral en Catalunya no fuera realizada por el president de la Generalitat, una prerrogativa que ya perdió Carles Puigdemont en 2017 cuando fue desposeído de su cargo y Mariano Rajoy asumió, en la práctica, las atribuciones del president catalán.

Por todo ello, el juicio es una jugada a muchas bandas que lo que persigue es privar a Catalunya del más mínimo poder y situar a su máximo representante sin margen alguno para hacerse digno sustituto del cargo de 131 president de la Generalitat.