Es muy posible que el verdadero sentido de las palabras del president de la Generalitat, Quim Torra, advirtiendo sobre una crisis del Govern al PDeCAT y a Esquerra Republicana si votan en el Congreso de los Diputados a favor de los Presupuestos Generales del Estado, tuviera más que ver con su continuidad en el cargo que con el cese de consellers de uno u otro partido. Con su desautorización pública, vamos. Algo que el presidente catalán sentiría en primera persona si los dos partidos independentistas validaran las cuentas del Estado español sin una contrapartida política por parte del gobierno de Pedro Sánchez que tenga que ver con los dos temas candentes de la legislatura catalana: un acuerdo sobre el referéndum y una solución para los presos políticos y exiliados. La carpeta catalana, en resumen.

Aunque aún no hace ocho meses de su llegada a la presidencia, a Quim Torra el camino se le está haciendo largo. Entre otras cosas, porque cuando aceptó el cargo seguramente tenía en la cabeza una hoja de ruta diferente a la que le ha tocado desempeñar y ello ha hecho que haya notado la soledad del puesto mucho más de lo que podía llegar a imaginarse. Tanto es así que, para él, renunciar al cargo no sería incluso un problema de índole personal. A lo mejor es ese el motivo que le ha llevado a lanzar un envite a los partidos independentistas que integran y sustentan el Govern en un momento en que la presión desde Madrid para que apoyen las cuentas del Estado es alta y, en el otro lado de la balanza, no hay noticias sobre el referéndum. Y, respecto a los presos, la única que hay es la comunicación del Tribunal Supremo de que los líderes independentistas en prisión provisional ya pueden irse preparando para su traslado a la capital española a final de mes.

Lo cierto es que la presidencia de la Generalitat es, en los últimos tiempos, una silla incómoda en exceso. Este miércoles hizo tres años de la renuncia de Artur Mas, el "pas al costat" con el que cedió el testigo a Carles Puigdemont. El president en el exilio solo pudo serlo algo más de 21 meses, hasta que fue cesado junto a su Govern por Mariano Rajoy. Y Torra, que no tiene, por ahora, otra fecha de caducidad que la que él mismo se quiera poner, perderá en las próximas semanas o meses a su principal colaboradora, la consellera de Presidència, Elsa Artadi, que dará el salto al Ayuntamiento de Barcelona. Un movimiento que deberá ser muy bien cubierto para mantener la coordinación que Artadi llevaba con ERC, con el gobierno español y con Puigdemont.

De poco o de nada sirvieron los comentarios de Esquerra aconsejándole a Torra prudencia antes de vincular en público crisis de gobierno y presupuestos. Entre otras cosas, porque los republicanos defienden su autonomía en esta decisión y la de su grupo parlamentario en el Congreso y no quieren sentirse vinculados más allá de lo que cosméticamente sea razonable en una advertencia de Torra. Los ultimátums los carga el diablo como ya pudo comprobar el president el pasado mes de octubre, cuando exigió a Pedro Sánchez un acuerdo concreto sobre el referéndum antes del mes de noviembre para que los catalanes pudieran ejercer su derecho a la autodeterminación. Ahora, con los presupuestos del Estado, el president se encuentra en una zona igualmente pantanosa.

Torra encuentra, en consecuencia, un moderado apoyo en el Govern a la oposición frontal y tajante a Pedro Sánchez y una zona parlamentaria distante en las Cortes, donde ni el PDeCAT ni ERC quieren cerrar aún todas las vías de acuerdo.