Después del posicionamiento de la fiscalía del Tribunal Supremo, mostrándose favorable a suspender la inhabilitación del president Quim Torra como diputado ordenada por la Junta Electoral Central, todo hace prever que el caso quedará aplazado y se apartará del camino uno de los conflictos que parecía a punto de estallar entre el Parlament de Catalunya y la justicia española. Tendrá que pronunciarse ahora el Tribunal Supremo, en la misma línea que el fiscal y la defensa del president de la Generalitat. De ser así, la inhabilitación no tendría fecha y dependería discrecionalmente del Alto Tribunal acelerarla o prudentemente calificarla en el orden correspondiente y nos iríamos hasta bien entrado el segundo semestre.

El hecho de que esta noticia coincida con el inicio del diálogo político entre el gobierno español y el catalán quita presión a la primera reunión, que, pese a no tener fecha, no podrá demorarse más de ocho o diez días. Previamente se tendrán que ver los dos presidentes, aunque solo sea para escenificar la reanudación de las conversaciones y establecer un guión de los temas a abordar, calendarizar los tiempos entre uno y otro encuentro, y fijar un horizonte realista de los resultados. Si atendemos a la previa de los partidos políticos catalanes que se han reunido este viernes en el palau de la Generalitat, cada formación utiliza una partitura diferente, la voluntad de alcanzar acuerdos es inexistente y el objetivo de la oposición -PSC y, sobre todo, los comunes- forzar un adelanto electoral, cosa que no parece que vayan a conseguir.

En medio de todo ese magma de estrategias partidistas, legítimas pero que valdría la pena que fueran entendidas así, se ha generado un estéril debate sobre la composición de la mesa de diálogo entre gobiernos y la inclusión o no de grupos que no forman parte del Ejecutivo catalán. No sé, exactamente, qué parte de la frase es la que cuesta tanto de entender del documento que firmaron el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez y que dice así:  "Composición: el gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya. Se establecerán las delegaciones de forma paritaria y con los miembros que ambas partes decidan". Parece bastante claro, ¿no? 

¿A qué viene entonces el debate sobre si se deja fuera a media Catalunya si solo van los partidos del Govern? ¿Acaso Sánchez piensa incorporar en la otra parte a Casado, Abascal, Arrimadas o al PNV o incluso a la propia Esquerra? Claro que no. Esta mesa de diálogo no son las comisiones mixtas de transferencias del gobierno central con las autonomías en las que a un lado se sienta el Ejecutivo español y al otro el autonómico de turno, con incorporación de los partidos representados en el parlamento. Es una mesa entre gobiernos que representan lo que representan pero que tienen la confianza de sus respectivos parlamentos. Lo que tienen que hacer algunos de los que se quejan es remar para que el acuerdo sea satisfactorio ya que si el barco catalán hace aguas volverá a hacer aguas el español y, quizás, la investidura de Sánchez no habrá servido de mucho.