Solo un Estado que ha perdido la vergüenza y que se ha descarado sin ningún tipo de complejos en la persecución de sus ciudadanos por el simple hecho de ser independentistas, puede alcanzar a justificar que un organismo desprestigiado como el Tribunal de Cuentas esté actuando como un ente depredador para rebañar su patrimonio y dejarlos lo más cerca posible de la pobreza. Cuando este jueves Albert Royo, el que fuera secretario general del Diplocat entre los años 2013 y 2017, ha comunicado que el Tribunal de Cuentas le reclamaba 4,5 millones de euros por la acción exterior llevada a cabo mientras ocupaba el cargo, se empezaba a conocer el montante de decenas de millones de euros que el organismo fiscalizador del Estado pretende que treinta y cinco ex altos cargos independentistas depositen como fianza, seguramente, a final del mes de junio.

La lista la encabezan Puigdemont, Mas y Junqueras y el Tribunal de Cuentas parece decidido a no dejar títere con cabeza. Se da la paradoja, además, de que el organismo sentenciador no es propiamente un tribunal de justicia, ya que está conformado por miembros escogidos por el Congreso de los Diputados y por el Senado, fundamentalmente a propuesta del PP y del PSOE, y que algunos anteriormente ocuparon cargos de responsabilidad política. Por allí han pasado hermanos de Aznar, concuñados de Rodrigo Rato y exministros, habiéndose aceptado que la fiscalización tuviera tantas lagunas como intereses había por en medio. O que un centenar de trabajadores de los 700 que están contratados sean familiares o allegados de consejeros y de altos cargos del Tribunal.

El último escándalo en el que se vio envuelto el Tribunal de Cuentas fue la revocación de la condena a la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella y los que fueron concejales de su equipo de gobierno por la venta de 18 promociones de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMVS) al grupo societario Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone. La absolución fue adoptada por dos votos contra uno, los de dos consejeros propuestos por el PP, uno de ellos la exministra de Aznar —marido de Ana Botella— Margarita Mariscal de Gante. La decisión inicial de una condena de casi 26 millones al vender las viviendas por debajo del precio de mercado a fondos buitre quedó así en agua de borrajas.

Pues este es el organismo encargado de fiscalizar las cuentas del Estado en sus diferentes niveles administrativos y de los partidos políticos. Nada bueno hay que esperar en unos momentos en que el rearme del deep state contra el independentismo se ha vuelto a poner en marcha y a una velocidad meteórica. Los resultados de Madrid han sido los que han sido y nada como Catalunya para situar en la diana. Tribunal de Cuentas, indultos, juzgados ordinarios, multas... El inventario que ha conformado estos años el Estado es inabarcable.