La intransigente decisión del Tribunal de Cuentas no aceptando una prórroga de un mes en la fianza de 5,4 millones de euros que han de depositar hasta las 24 horas de este miércoles una treintena de independentistas catalanes —Puigdemont, Mas, Junqueras, Mas-Colell, Homs y Romeva, entre ellos—, unido a la por ahora negativa de las entidades financieras españolas a conceder un aval que contraavalaría la Generalitat a través del ICF está desembocando en una tensión política importante, que amenaza el inicio de legislatura tranquilo en Catalunya que algunos habían pronosticado.
Mientras tanto, vuelven los fuegos de artificio alrededor de los temas relacionados con la memoria histórica . Ciertamente, son muy importantes y necesarios, pero el gobierno de Pedro Sánchez está haciendo un uso impúdico con los mismos para provocar debates que alejen el foco de los temas que tienen que ver con el conflicto entre Catalunya y España. Por ello, no deberían hacernos olvidar que es muy difícil hacer política cuando la venganza es la columna vertebral de la actuación de tu adversario.
Ya no se trata de una mesa de diálogo sobre la que se ciernen nulas esperanzas de solucionar nada cuando se reúna en septiembre aunque el independentismo vaya, como va siempre, a negociar con la mano tendida. Es el día a día el que es un campo de minas para el independentismo. No es aceptable que el PSOE se alinee con PP y Vox para impedir la creación de una comisión de investigación sobre el Tribunal de Cuentas. La pinza de la unidad española llega hasta tal extremo que la Mesa del Congreso de los Diputados ni siquiera acepta que sea debatida en el pleno de la cámara.
¿Cual es la línea roja que ya no es aceptable para las formaciones independentistas? Porque de ellas, cierto que más de unas que de otras por el número de diputados, depende el desarrollo de la legislatura. Por lo que se ve, el chantaje con lo que supondría un hipotético gobierno de Pablo Casado debe primar sobre la ruina económica de un grupo de servidores públicos, miles de represaliados con causas judiciales por delante y con recortes permanentes de competencias a través de leyes marco o simplemente con interpretaciones legislativas centralistas vaciando la autonomía catalana.
Lo que está sucediendo estos días alrededor del Tribunal de Cuentas no es una anécdota. Es el estado profundo que se revuelve con malas artes contra el independentismo. Hasta el extremo que la propia comisaria de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, ha asegurado que están siguiendo de cerca la causa del Tribunal de Cuentas por la acción exterior del Govern entre 2010 y 2017 y espera a ver cuál es la decisión final. Quizás no sepa que en España estas decisiones ya están tomadas.