Como un reloj suizo. En un estado en el que nada parece funcionar, donde los desencuentros entre los dos socios de gobierno, PSOE y Unidas Podemos, son cada vez mayores, y, por si no fuera suficiente, desde el mismo Palacio de la Moncloa se inicia una cacería a uno de sus ministros, Alberto Garzón, dando pábulo a unas declaraciones que nunca hizo ―y todo, para alinearse así el PSOE con el discurso de la derecha―, lo único que sí que parece funcionar con precisión germánica es la persecución al independentismo catalán. La marcha de los caducados miembros del anterior Tribunal de Cuentas, con aquella inefable ministra de Justicia del gobierno de José María Aznar y de nombre rimbombante, Margarita Mariscal de Gante, que era su presidenta, ha dado paso a otro de nuevo cuño, pactado también por PSOE y PP, al que, siguiendo el camino del anterior, le ha faltado poco tiempo para reactivar la causa contra los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont. Se les reclaman 5,4 millones de euros por la promoción exterior de Catalunya entre 2010 y 2017.

Lo hemos dicho en más de una ocasión: no será creíble ningún discurso del gobierno español, ni sus declaraciones de querer pasar página, mientras haya persecución judicial y los estamentos del Estado se dediquen a encarcelar y a intentar arruinar a independentistas catalanes. En este caso, además, no se trata propiamente de un tribunal judicial, como podría ser el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o el Tribunal Supremo, sino de un organismo intermedio donde los partidos colocan a políticos para que un fantasmagórico Tribunal de Cuentas haga las veces de un ente a medio camino.Tan espectral es el Tribunal de Cuentas que nada se ha sabido de él durante años o casi nada. Por lo único que ha aparecido en los medios de comunicación es porque revocó la condena a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella por la venta masiva de pisos protegidos a fondos buitre, cuando previamente la sección de enjuiciamiento del tribunal había cifrado en 25,8 millones de euros el perjuicio para la empresa municipal de vivienda del ayuntamiento de la capital española. Pues bien, aquella condena, cuando escaló a la superioridad quedó en nada y, casualmente, al frente estaba la exministra de Justicia de Aznar.

Pues bien, de aquella opacidad salió para perseguir la promoción exterior de Catalunya, algo que le reconoce el Estatut d'Autonomia, pero que ahora se ha querido presentar como ilegal vinculado al proceso de independencia. Y el PSOE está también en ello mientras predica un inexistente diálogo con el gobierno independentista y solicita permanentemente al auxilio de diputados en el Congreso escogidos en formaciones independentistas. De nada sirve venir a Catalunya y predicar lo contrario mientras se usa artillería pesada en el Tribunal de Cuentas contra los dos presidents de la Generalitat y una treintena de altos cargos, incluidos el vicepresident Oriol Junqueras y los consellers Andreu Mas-Colell, Raül Romeva y Francesc Homs.

Para intentar solucionar la indefensión económica de los acusados, el conseller de Economia, Jaume Giró, ideó un fondo para poder financiar sus avales a través del Institut Català de Finances. Sin recurso alguno por parte del gobierno español, avalado por el Consell de Garanties Estatutàries, y con una mayoría parlamentaria muy amplia ―lo apoyaron los comuns y el PSC se abstuvo― el Tribunal de Cuentas caducado lo rechazó. Fue el último cartucho antes de la renovación del organismo. Ahora, nuevos miembros, pero con una dependencia política similar, han decidido reactivar todo el procedimiento contra el gobierno catalán. Así, es realmente muy difícil hacer política.