Hace dos días, se produjo en Edimburgo una circunstancia que, por la vorágine informativa actual, ha pasado bastante desapercibida. El juez lord Raymond Doherty, que preside el Tribunal de Sesiones de Edimburgo, tenía que dictaminar sobre una demanda presentada por un grupo de 75 diputados británicos que utilizaron la vía judicial para impedir que el primer ministro británico, Boris Johnson, suspendiera temporalmente el Parlamento de Westminster. Todo ello, hasta pocos días antes de la salida de la Unión Europea y ganar así un tiempo precioso para lograr que los detractores del Brexit pudieran frenarlo. El Parlamento británico, en estas últimas 48 horas, ya ha encontrado como maniatar a Johnson, haciéndole perder diferentes votaciones, e incluso la Cámara de los Lores ha aprobado una ley que impide al premier llevar adelante el Brexit duro.

Pero el escrito del juez Raymond Doherty (pdf) vale la pena leerlo por lo que representa sobre la separación de poderes en aquel país, en una situación ciertamente dramática y angustiosa. Dice Doherty que la cuestión no es asunto de los tribunales ya que se trata de un tema político que debería ser juzgado por el Parlamento y el electorado. Teniendo en cuenta la separación de poderes no era voluntad del tribunal  interferir en la labor gubernamental y el Ejecutivo rinde cuentas ante el Parlamento. Raymond Doherty resalta en diferentes momentos de su escrito que hay situaciones que no han de ser resueltas por los tribunales y que cada poder de la nación debe estar en el sitio que le corresponde. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, que piensa llevar a cabo un nuevo referéndum de independencia antes del 2021, ya habla de un fuerte nacionalismo inglés con los de fuera.

Ahora que se cumple el aniversario de los plenos del Parlament de Catalunya del 6 y 7 de septiembre de 2017 en que se aprobaron las leyes de desconexión, que estamos en vísperas del aniversario del referéndum del 1 de octubre y a pocas semanas de las sentencias que dictará el Tribunal Supremo sobre los presos independentistas catalanes que siguen en una injusta prisión provisional, el escrito del Tribunal de Sesiones de Edimburgo es como una bocanada de aire fresco, puesto que evidencia cómo en otros países los políticos se limitan a hacer de políticos y los jueces de jueces. Eso tan sencillo y que tanto cuesta de hacer entender en España, donde lo que la política no se atreve a hacer se deriva hacia la justicia que, además, le da una pátina de indiscutible, equilibrado y lógico a lo que más bien es todo lo contrario. 

La presidenta del Parlament Carme Forcadell ha sido uno de los chivos expiatorios del Estado español por haber autorizado la celebración de aquellos plenos de septiembre. Como los Jordis, Cuixart y Sánchez, como presidentes de Òmnium y la ANC. El Parlament actuó como Cámara soberana en la que se puede hablar de todo y que puede llevar a cabo votaciones con las mayorías correspondientes. Carme Forcadell lo respetó: ni lo lideró, ni se escondió. Lo respetó. Como así lo han constatado hasta 500 diputados y ex diputados de diferentes países. ¿Alguien se imagina al Tribunal Supremo devolviendo la pelota a los políticos? Quizás las cosas hubieran ido de otra manera y, cuando menos, se hubiera fortalecido la democracia.