La excéntrica detención del ex vicepresidente del Parlament Josep Costa -según su abogado, Gonzalo Boye, incluso ilegal-  después de haberse negado a declarar el pasado 15 de septiembre, en el marco de la causa judicial seguida contra la anterior Mesa del Parlament, tiene mucho de acción represora ya que, obviamente, había otros sistemas de convocatoria de quien fue parlamentario en la anterior legislatura en la Cámara catalana.  Además, el hecho de que la magistrada del TSJC que lleva el caso, Maria Eugènia Alegret, haya decidido para tan sorprendente actuación la fecha del 27 de octubre, en que se cumple el cuarto aniversario de la declaración de independencia en el Parlament de Catalunya en 2017, no hace sino poner de manifiesto que el independentismo sigue en el punto de mira de los poderes del Estado.

Obviamente, Costa quedó en libertad pocas horas después de su detención y se puso de manifiesto que el efecto de su pérdida de libertad por orden judicial  no solo no tenía ningún sentido sino que había sido un error. A Costa solo se le imputa un delito de desobediencia que no comporta prisión y, en consecuencia, cabe preguntarse a qué venía todo el espectáculo de fuegos artificiales montado por el TSJC. No está demás recordar que la causa instruida por el TSJC tiene que ver con la celebración de un debate parlamentario y la posterior tramitación por parte de la Mesa del Parlament de sendas resoluciones sobre el derecho a la autodeterminación y de reprobación de la monarquía.

En concreto, las resoluciones incluían expresiones como que el Parlament "reitera y reiterará tantas veces como quieran los diputados, la reprobación de la Monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Catalunya  para decidir su futuro político". O bien, que la Cámara legislativa catalana "expresa su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y respetar la voluntad del pueblo de Catalunya".

No es casualidad que la justicia española entorpezca con su agenda propia la actividad política. De hecho, uno de los impedimentos más claros para la gestión política ordinaria en Catalunya tiene mucho que ver con los miles de represaliados que aún padecen alguna causa judicial. El futuro de estas causas siempre es incierto, ya que hasta que no quedan definitivamente archivadas siempre existe la posibilidad de que se revierta la situación. Este estado de miedo permanente está condicionando más de lo que parece la actividad pública en Catalunya ya que actúa de manera inmisericorde y arbitraria.

Cualquier esfuerzo para reestablecer una mínima normalidad cae en saco roto y así sucederá durante años con tantos casos judiciales que hay en marcha. Solo una ley de amnistia podría cerrar esta carpeta y el estado entiende que su fortaleza se basa más en su resistencia a que este objetivo tenga un final feliz que en llegar a un acuerdo. Por eso, también todos los esfuerzos acaban siendo baldíos y tan frustrantes. El caso de Costa es, incluso, si se quiere, una anécdota, pero refleja una manera de hacer del estado español tan implacable en la represión como impotente en la negociación.