Fair Trials, la organización no gubernamental con sede en Londres que trabaja para juicios justos de acuerdo con las normas internacionales de justicia, acaba de hacer público un informe internacional en que critica la prisión provisional en España y la ambigüedad de muchas leyes, que acaban provocando violaciones de la libertad de expresión. El informe considera que la falta de medidas alternativas a la prisión preventiva sigue siendo un problema sistémico en España sin que las autoridades pongan ningún remedio y, en la práctica, se acaben beneficiando de esta situación.

El informe pide al Consejo de Derechos Humanos y al Grupo de Trabajo de la ONU que recomienden a España que revoque los artículos del Código Penal que afectan sobre todo a acusaciones de terrorismo de una manera arbitraria, como serían, por ejemplo, las acusaciones a los jóvenes de Alsasua por parte del fiscal y del fiscal general y una condena final por parte de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, sin duda desproporcionada en su condena de hasta 13 años de prisión pero en la que se excluye el delito de terrorismo como pedía la fiscalía.

La prisión preventiva se está convirtiendo en los últimos tiempos en un talón de aquiles de la democracia española y se ha considerado desproporcionada, también, en el caso de los presos políticos catalanes a los que se les ha privado de libertad cuando era del todo evidente que su capacidad de destrucción de pruebas era inexistente y había mecanismos de sobra para impedir cualquier riesgo teórico de fuga, entre otras cosas porque muchos de ellos se personaron voluntariamente a declarar sabiendo que serían conducidos a prisión. Uno de los casos más extremos de mala praxis en la prisión preventiva es la del expresidente del Barça Sandro Rosell, privado de libertad durante casi dos años y, finalmente, declarado inocente por la Audiencia Nacional.

De libertad de expresión tendremos que seguir hablando en los próximos días por los numerosos casos en que se está cogiendo el rábano por las hojas restringiendo libertades. Una interpretación restrictiva de la libertad de expresión acaba creando un clima de temor, según Amnistía Internacional, que considera que las limitaciones son desproporcionadas en España.